Claudia Sheinbaum, quien fuera postulada por la coalición de izquierda (Morena-PT-PVEM) fue formalmente declarada presidenta electa de México, por decisión unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) organismo que previamente rechazó varios alegatos de la derecha contra la validez de la elección.
Al acto de festejo, realizado en un Teatro de la Ciudad de México, asistieron representantes de la clase política nacional, así como los integrantes de los poderes del Estado mexicano. La ministra Norma Piña aplaudió de pie cuando la presidenta electa entró al recinto, en contraste con el desplante que realizó la misma funcionaria, cuando permaneció sentada durante una ceremonia encabezada por el presidente López Obrador.
En su discurso, Claudia Sheinbaum reiteró sus compromisos de campaña, en el sentido de continuar con el proceso de transformación de las viejas estructuras del Estado, y se refirió en especial a las propuestas presentadas en febrero por el actual presidente AMLO, en particular la que se relaciona con la reforma del poder judicial.
Hasta este momento, ya se han “planchado” varias reformas del paquete enviado en febrero por AMLO, en la Cámara de Diputados. En su momento, serán sometidas a la consideración del nuevo Congreso federal a partir de septiembre, cuando finalmente quede instalado. La izquierda tendrá la mayoría calificada en ambas cámaras, cualquiera sea la vía que decidan las autoridades electorales. Lo más probable que la integración del nuevo Congreso sea aprobada de la manera tradicional, con base en el texto de la Constitución, tal como se ha hecho desde las elecciones federales de 2009. Es decir, cada partido recibirá el 8% adicional según el caudal electoral de sus legisladores de mayoría, con el fin de repartir las 200 diputaciones y las 32 senadurías plurinominales.
Pero aún en el remoto caso de que las autoridades asignaran el 8% de legisladores plurinominales a las coaliciones (no a los partidos) el reparto sería parejo para la izquierda tanto como para la derecha. Es decir: al número de legisladores de mayoría electos por cada coalición se agregaría el 8% de representación proporcional, de manera que ambas coaliciones recibirían ese 8%. En ambos escenarios la derecha va a perder, y la mayoría calificada en el Congreso será de la izquierda. Como diría un comentarista político: a la derecha no le han bastado tantas derrotas, quiere obtener otras más.
Ahora bien: la iniciativa de AMLO sobre la reforma del poder judicial se presentó el 19 de agosto en la Cámara de Diputados, donde se debatirá y finalmente el 26 de agosto se aprobará el dictamen correspondiente. Al texto original de AMLO se han añadido decenas de modificaciones, principalmente para realizar de manera gradual la elección de jueces, magistrados y ministros.
En el mes de septiembre, cuando entre en funciones el nuevo congreso federal, se debatirán los dictámenes. Por cierto: en el dictamen para elección de integrantes del poder judicial se está proyectando establecer que la elección de los juzgadores sea gradual, por lo cual es probable que en el próximo año se elijan los ministros de la SCJN –que de 11 pasarán a ser solo 9—así como unos 800 jueces y magistrados, principalmente en los cargos donde los jueces se han jubilado, o están próximos al retiro. Y también los que decidan retirarse ante la inminencia de los cambios.
Vayamos por partes: en 2025, el día 1 de junio, los ciudadanos deberán elegir a los nuevos ocupantes de las plazas disponibles entre los juzgadores, por las razones expresadas. De manera simultánea, serán electos los 9 ministros de la SCJN, así como los miembros del organismo que vigilará la integridad moral en los procesos de los nuevos juzgadores. En una segunda etapa –posiblemente en las elecciones intermedias de 2027-- se deberán elegir de manera concurrente el resto de los jueces y magistrados.
Es probable que en la parte posterior de cada boleta se anote cuál fue el origen del nombramiento de cada postulante. Por ejemplo: el juez A fue propuesto por el poder ejecutivo; el magistrado B por el poder legislativo y el juzgador C por el poder judicial. Además, no será necesario que los aspirantes tengan 35 años de edad o más.
A la fecha se han venido realizando múltiples foros nacionales, regionales y estatales, para informar y debatir sobre los detalles de la propuesta de reforma. La táctica adoptada por el poder judicial ha sido la de enviar provocadores, disfrazados de trabajadores o de líderes sindicales, con el fin de sabotear los actos. Se han presentado muchos incidentes, e incluso se ha llegado a la violencia. Varios foros se han suspendido a consecuencia del vandalismo.
Bajo la convocatoria de la “Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito” el lunes 19 de agosto comenzó un paro de labores, que por su carácter obligará a todos los jueces –les guste o no—a detener sus actividades, ya que los servicios de informática serán suspendidos. Ningún juzgador podría atender ni resolver ningún asunto, porque no van a disponer de archivos electrónicos para consultar expedientes.
Por lo mismo, este paro patronal va a generar disturbios en torno a la aplicación de la justicia en México. De hecho, el lunes pasado quedaron suspendidas las actividades judiciales, afectando a los ciudadanos que tienen algún asunto jurídico pendiente. El gobierno federal ha contemplado esta situación con preocupación, y en caso de que existan daños, los responsables materiales e intelectuales de los hechos serán responsabilizados de los mismos. La sociedad mexicana no debe quedar inerme ante hechos ilegales generados por juzgadores irresponsables.
El sindicato de trabajadores del poder judicial está llamando a la calma. Los jueces y magistrados, por el contrario, están llamando a un paro que no formula demandas laborales, sino que maneja banderas políticas. Estos juzgadores son responsables de obstruir la justicia y violar derechos de los ciudadanos, contemplados en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Los responsables de los daños deberán responder ante los nuevos jueces y ministros que resulten electos a inicios del año 2025.
El artículo 17 de la Constitución señala: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. “
