El gobierno de la República anunció la semana anterior que adquirió, a través de un fideicomiso, 13 de las 24 plantas eléctricas que la empresa española Iberdrola tiene en México, plantas que serán manejadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y permitirán asegurar el abasto de energía eléctrica a los hogares y a todas las empresas del país, con un esquema de precios controlados.
Anunció la adquisición el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional, con asistencia de Manuel Bartlett, director de la CFE; el secretario de Hacienda, Genovevo Ramírez de la O; el director del corporativo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán y varios directivos de esa empresa.
Concluyeron con esa medida todas las polémicas desatadas por el PRIAN en torno a la nacionalización de la industria eléctrica, que tuvieron lugar hace un año dentro de la Cámara de Diputados. En aquella ocasión, la iniciativa de reforma constitucional de AMLO no pudo obtener la mayoría calificada, por lo que fue rechazada. Posteriormente, la SCJN resolvió que la mayoría de los puntos de la ley de reforma eléctrica estaban de acuerdo con los principios constitucionales, lo que permitió al gobierno obligar a las empresas privadas a negociar.
Luego de un áspero camino, las negociaciones con Iberdrola terminaron en buenos términos: la empresa ibérica accedió a vender al gobierno mexicano la mayoría de sus activos, establecidos en el norte del país --todos de ciclo combinado que generan electricidad a partir del consumo de gas—además de una planta en Oaxaca, que la produce con base en el uso de la fuerza eólica.
Con esta adquisición, la CFE va a poder suministrar –en un plazo de 5 meses-- hasta el 55% de la energía eléctrica que consumen las empresas y los hogares del país, en tanto Iberdrola y otras empresas privadas controlarán el resto. El gobierno federal, a través del organismo llamado Fonadin (Fideicomiso Nacional para el desarrollo de la infraestructura) adquirió 8 mil 539 MW, de los cuales 103 MW son producidos por la planta de energía eólica y el resto por las de ciclo combinado. Con la maniobra del gobierno, ese fideicomiso podrá refinanciar la operación de compra en beneficio de la CFE, sin que eso afecte la estructura de su deuda.
De acuerdo con la explicación del secretario de Hacienda, el Fonadin es un instrumento que puede gestionar los recursos en el mercado, de manera que la CFE no va a requerir de más aportaciones del presupuesto federal. Es una operación financiera “limpia”, en los términos planteados por el responsable de las finanzas nacionales.
El destacado comentarista de asuntos económicos Enrique Galván Ochoa en el periódico “La Jornada” (6 de abril) con base en datos de Forbes México, calificó de “impresionante la cartera de nuevos clientes que obtuvo la CFE al comprar las plantas de Iberdrola”. Entre ellas están: OXXO, Banco Afirme, Axtel, Bacardí, Bayer de México, Scribe, Cemex, Cemento Apasco, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Cervecería del Pacífico y varias empresas del Grupo Modelo ubicadas en Guadalajara, Torreón, etc. El comentarista agrega con ironía: Iberdrola se apartaba los mejores clientes, y le dejaba los “diablitos” a la CFE.
La historia de la relación de Iberdrola con el gobierno de AMLO ha sido siempre de extrema tensión. Recordemos que esa empresa fue beneficiaria de créditos y prebendas por parte de los gobiernos panistas de Fox y Calderón, tanto como del priísta Peña Nieto. En esencia, Iberdrola recibía –entre otros privilegios—la exención del pago de transmisión de la energía eléctrica que sus plantas producían.
Es decir: Iberdrola y las demás empresas particulares, establecían sus plantas en diversos lugares después de un estudio de mercado. Pero no se preocupaban de trasmitir esa energía a sus clientes. Ese papel lo dejaban a la CFE, que se veía obligada por ley a detener su propia transmisión para dar prioridad al paso de la energía de las empresas privadas.
Asimismo, cundo caía la noche, las plantas fotovoltaicas dejaban de enviar el fluido eléctrico. Lo mismo pasaba cuando los vientos amainaban. La CFE debía no solo prestar sus sistemas de transmisión, sino suspender sus propios envíos y poner a funcionar sus equipos de emergencia para suplir el flujo de energía. También debía detener las turbinas de las presas hidroeléctricas, por ejemplo, para disminuir su capacidad productiva.
Esta dinámica agotó los recursos de la CFE. Hasta principios del mes de abril, la disyuntiva del gobierno ante la renuencia de la empresa española, era: la expropiamos o la compramos. Se decidió por la segunda opción, la más viable en las presentes condiciones políticas, ya que México sigue batallando con EU en el panel de controversias del T-MEC, donde la secretaria de Economía debe afrontar las acusaciones de los representantes oficiales del vecino país del norte, en el sentido de que México otorga un “trato preferente” a las empresas mexicanas (CFE y Pemex) sobre sus competidoras del extranjero.
Sin forzar los tiempos, pero con mano firme, el gobierno federal usó de toda su energía y habilidad para convencer a Iberdrola de que, para ella –una empresa trasnacional con muchas presiones y conflictos en todo el mundo—sería mejor llegar a un acuerdo benéfico para ambas partes. Y firmaron el convenio, que se irá aplicando de manera paulatina, mientras la CFE va tomando posesión de las plantas que estarán pasando a su dominio. Este procedimiento tardará unos 5 meses, y culminará en septiembre.
Al final de este proceso, la CFE producirá el 55% de la energía eléctrica necesaria para abastecer a la creciente población, así como para cubrir las necesidades de electricidad de las nuevas empresas que se están estableciendo en México. Se calcula que, al final del sexenio, la CFE estará produciendo el 65% del abasto total de energía eléctrica del país, ya que está aumentando la capacidad de las turbinas instaladas en las presas hidroeléctricas.
En el curso de los últimos años, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, y al final también Enrique Peña Nieto, otorgaron a Iberdrola enormes beneficios, en detrimento de la empresa estatal mexicana CFE. La política de esos gobiernos neoliberales fue descuartizar a esa empresa y entregar el mercado eléctrico nacional a la avaricia de los particulares.
Sin embargo, con la política energética del gobierno actual, CFE se ha convertido en una empresa pujante, con números negros en la Bolsa de Valores. Mientras tanto, Iberdrola y sus hermanas privadas van en declive, en un entorno donde no alcanzan a competir sin el apoyo de los privilegios que antes se les otorgaban.
