El Congreso de la Unión fue formalmente instalado al inicio del mes de septiembre, dentro del cual la izquierda tendrá la mayoría calificada en ambas cámaras, en cumplimiento de la voluntad popular expresada el 2 de junio en las urnas y con el mandato de realizar diversas reformas constitucionales en favor de las clases desposeídas del país.
Las fuerzas de la izquierda (Morena-PT-PVEM) cuentan en la Cámara de Diputados con 364 legisladores, suficientes para aprobar dichas reformas. En la Cámara Alta, la alianza con dos senadores procedentes del PRD sitúa a la izquierda a un solo voto de alcanzarla. Por lo mismo, los dictámenes recién aprobados por la Cámara de Diputados saliente, podrán ser aprobados durante la presente legislatura. Será la primera ocasión en la Historia de México, que un cambio tan esencial en la estructura del estado mexicano se podrá realizar sin violencia, por la vía electoral.
El ambiente político de la capital del país mostró gran efervescencia por las diversas actividades que realizaron las fuerzas políticas. El domingo 1 de septiembre, al tiempo que el presidente AMLO rendía su informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, a lo largo de varias avenidas desfilaban estudiantes en apoyo del paro de labores que realiza el poder judicial. Además, el poder legislativo de la capital se instaló formalmente en el viejo edificio de Donceles y Allende, en pleno centro de la ciudad.
A la fecha, la legislatura saliente dejó “planchadas” diversas iniciativas de reforma constitucional, después de duros debates con los partidos de la derecha prianista. La principal de ellas es sin duda la que se refiere a la reforma judicial, pero ya quedaron listas las demás para debatir y resolver, todas de gran importancia:
- En total AMLO envió 20 iniciativas de reforma al Congreso en febrero, entre las cuales destacan la prohibición de sembrar o comprar maíz transgénico para consumo humano, así como la prohibición de usar el método del “fracking” para extraer petróleo o gas.
- Dentro del área de derechos sociales, destacan la elevación a rango constitucional la pensión para adultos mayores, así como la de jóvenes para que reciban capacitación laboral en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y para los campesinos que siembren árboles dentro de sus parcelas, dentro del programa “Sembrando Vida”.
- El salario mínimo general de las y los trabajadores mexicanas debe quedar legalmente consagrado en la Constitución, y su aumento nunca podrá ser menor al índice de inflación del país.
- Los trabajadores del IMSS y del ISSSTE recibirán al jubilarse el 100% de su salario, revirtiendo las contrarreformas de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que redujeron sustancialmente esa percepción. Para ese efecto, se está creando un fondo federal cuyos recursos servirán para el pago de esas pensiones.
- El agua debe servir para el consumo doméstico en aquellas zonas del país que presenten estrés hídrico. Por lo mismo, no se otorgarán concesiones a empresas para explotar los recursos acuíferos.
- Se debe garantizar el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, así como las de afromexicanos. Estos grupos deben ser considerados como sujetos de interés público, para que reciban atención preferente por parte del estado mexicano.
- Las vías férreas del país –concesionadas por Ernesto Zedillo a empresas extranjeras para transporte de carga-- deberán usarse también para el transporte de pasajeros, de manera que se deben coordinar los esfuerzos para lograr ese fin a lo largo del territorio nacional.
- La Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que no equivale a militarizar al país. La Sedena es un órgano del gobierno federal que administra a las fuerzas armadas del país. (Ejército, Marina Armada, Aviación).
- Desaparecerán algunos organismos “autónomos” de la administración pública federal (INAI- Ifetel, etc.) pero no el INE ni la CNDH. La función de aquéllos órganos fue creada por los gobiernos del PRIAN, y ha implicado duplicidad de las funciones que por ley realiza el gobierno.
- Reforma Electoral, que implica la creación de un organismo facultado para realizar elecciones y consultas (INEC). Las elecciones subsiguientes se realizarán con base en el principio de representación directa, y cada partido recibirá el número de legisladores de acuerdo con la cantidad de votos que haya obtenido en las entidades federales. Los resultados de esta reforma surtirán efectos hasta el 2030.
Por otro lado, el poder judicial --cuyo comportamiento ha sido tradicionalmente sumiso ante el Ejecutivo-- mostró en fecha reciente una contumaz rebeldía ante el giro de la situación política actual. Dos jueces federales –Martha Eugenia Magaña López, de Morelos, y Felipe V Consuelo Soto, de Chiapas—en sendos amparos, ordenaron al Congreso de la Unión que no debata ni se pronuncie en torno al dictamen sobre la reforma judicial. La jueza de Cuernavaca ordenó al Congreso federal no discutir el dictamen sobre la reforma judicial, mientras el de Tuxtla Gutiérrez ordenó que, en caso de debatir y aprobar el dictamen de referencia, no se envíe a los congresos estatales para su eventual discusión y aprobación.
Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Cámara de Diputados, declaró que el órgano legislativo que preside no acatará las órdenes de ambos jueces, porque “no tienen competencia” para impedir el funcionamiento del poder legislativo. En su intervención, Monreal citó varias tesis de jurisprudencia al respecto, señalando que los actos legislativos para reformar la Constitución no pueden ni deben ser sometidas a ningún control jurisdiccional, porque constituyen actos de soberanía popular que tienen la facultad de ejercer su propia regulación.
La Cámara de Diputados debe rechazar de plano –agregó-- las órdenes de los jueces mencionados por improcedentes, ya que la Ley de Amparo establece que los jueces no tienen competencia para otorgarlo a los ciudadanos contra la Constitución, ni contra el poder constituyente. Es una aberración jurídica que dichos jueces intentan cometer contra el poder legislativo. Por lo mismo, la Cámara de Diputados está considerando tomar tres medidas contra dichos juzgadores: presentar denuncias penales por delitos contra el orden constitucional; denuncia del personal involucrado ante el Consejo de la Judicatura, e implementación de un juicio político contra los responsables. Finalmente indicó que el poder legislativo no se someterá a lo que llamó “dictadura de la toga y el birrete”.
