El Senado de la República realizó el pasado 12 de octubre los trabajos necesarios para integrar las listas de las y los juzgadores, cuyos cargos serán sometidos a votación del pueblo durante la jornada que tendrá lugar el 1 de junio de 2025, en la cual se dotará a nuestro país de uno de los sistemas de justicia más democráticos a nivel mundial.
El senador Gerardo Fernández Noroña –presidente del Senado y quien fuera representante del PT en el proceso interno de la izquierda en 2023 para designar aspirante presidencial—manejó los detalles del procedimiento de insaculación, cuidando en todo momento de la pulcritud del mismo.
Finalmente, el número total de magistrados de circuito que serán electos en 2025 será de 464, de los cuales 350 actualmente están en funciones, además de 114 que corresponden a plazas vacantes que no han sido cubiertas. Las elecciones se realizarán en todo el país, y como es normal, el mayor número de juzgadores que serán electos tienen su sede en las entidades (circuitos) con la mayor población (Ciudad de México, Estado de México, etc.). Hay algunas juzgadoras que son madres, cuyos cargos no serán sometidos a ese procedimiento en la misma fecha, tomando en cuenta que están en gestación o en lactancia.
Los jueces de distrito que serán electos son 361, además de 25 plazas vacantes, por lo que el número total sumará 386 cargos. Estas plazas fueron escogidas mediante el sistema de sorteo, realizado en sesión pública en el Senado a la vista de todos, y aplicando el rigor necesario para que en todo momento el procedimiento fuera público y transparente, además de hacer la grabación correspondiente para aclarar posteriormente las dudas. Todos esos cargos (jueces de distrito y magistrados de circuito) serán designados por voto popular en la jornada electoral intermedia de 2027.
Además, en esa jornada serán electos 9 ministros de la SCJN, para renovar en su totalidad a ese organismo, que a la fecha está integrado por 11 cargos. Asimismo, se elegirán a los dos magistrados vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que en años anteriores no fueron designados por el Senado.
Un tema aparte es la sustitución del ministro Luis María Aguilar Morales –decano de la Corte-- cuyo periodo terminará el próximo mes de noviembre del presente. Claudia Sheinbaum tiene la opción de enviar al Senado la terna para nombrar un nuevo ministro o ministra –su nombramiento por dos tercios del Senado estaría asegurado-- o dejar que la SCJN funcione con solo 10 cargos cubiertos. En el momento adecuado, la presidenta deberá escoger el mal menor, tomando en cuenta que lo importante será neutralizar al viejo y anquilosado poder judicial, que aún muy maltrecho conserva cierta capacidad de hacer daño a los procesos de cambio. Hay que tomar en cuenta que Norma Piña continuará temporalmente al frente de la SCJN, y seguirá teniendo una cómoda mayoría, que a partir de diciembre será de 7 contra 3.
Antes del sorteo del Senado, se había realizado el 10 de octubre una reunión, en la cual por mayoría de 4 contra 3, las y los ministros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazaron los más de 70 amparos interpuestos por diversos juzgadores de todo el país, y decidieron entregar las listas de los juzgadores que les había solicitado el Senado de la República, con el fin de que éste pudiera realizar el mencionado procedimiento de sorteo público.
A favor de entregar los listados votaron 4 ministros: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves –quienes tradicionalmente habían votado por el cambio-- y Sergio Javier Molina Martínez, quien de esa manera se incorporó a los ministros renovadores. En contra lo hicieron solo tres ministra(o)s, en primer lugar la presidenta Norma Piña Hernández.
De tal modo, la ministra Piña fue desplazada del control de ese órgano judicial. Además de los conflictos internos en la cúpula del poder judicial, esa votación puso al descubierto la descomposición moral de los integrantes del organismo cupular, así como de los antiguos controles políticos que condujeron a la desintegración del mismo.
En resumen: toda la política diseñada por Norma Piña y sus consejeros políticos en el manejo del poder judicial, ha sufrido una derrota completa. Todos los obstáculos que interpusieron en el camino de la reforma judicial, fueron removidos. El paro (todo pagado) de jueces y trabajadores del poder judicial ya terminó, y lo hizo en medio del más estrepitoso fracaso.
Ese movimiento, promovido desde el mes de agosto por la parte patronal (el cual nunca presentó demandas laborales ni demostró tener como objetivo favorecer a los trabajadores de base) no alcanzó ninguno de sus fines políticos, ni pudo continuar saboteando los esfuerzos del gobierno de izquierda para dotar al pueblo de la “justicia pronta y expedita” que mandata la Constitución General de la República.
Como ejemplo de la actitud errática e incongruente de los integrantes del mencionado paro, podemos citar a la vocera del mismo, Patricia Aguayo, quien ha redactado escritos y los ha llevado ante organismos empresariales nacionales y extranjeros, así como ante embajadas de algunos países de donde son originarios algunos inversionistas extranjeros con intereses en México. En sus escritos, quien fuera vocera de los paristas sostiene que la renovación del poder judicial mexicano perjudicará gravemente los intereses de los inversionistas, y ha expresado en diversas entrevistas de radio y televisión que los gobiernos de esos países ya se han manifestado contra la reforma judicial que tiene lugar en el país.
Las expresiones de la vocera Aguayo coinciden en todo con la actitud tradicional de la derecha mexicana en diversos momentos de la historia. Las fuerzas de la derecha tradicional siempre han empezado por reprimir al pueblo, pero cuando pierden las batallas (en este caso la judicial) acuden al extranjero para que vengan en su auxilio. Esa política también será derrotada. En algunos círculos de la izquierda ya están pensando en acusarla de traición a la patria, porque maneja sus conexiones para hacerle daño al país.
Patricia Aguayo labora como secretaria del décimo Tribunal de Circuito en materia de trabajo, y se ha destacado por la radicalidad de su lenguaje y de las posiciones políticas que maneja, en calidad de vocera del sector más recalcitrante del fallido paro judicial.