/ miércoles 20 de noviembre de 2024

Vamos adelante / Ken Salazar terminará su encargo de manera desairada

Al sentirse libre de sus obligaciones diplomáticas –ya que en breve será relevado de su cargo—el aún embajador de EU en México, Ken Salazar, descalificó de manera alevosa la política de “abrazos no balazos” aplicada por el expresidente López Obrador, afirmando que fue un fracaso y que el exmandatario se negó a colaborar con el gobierno de su país.

De inmediato se desató una tormenta de comentarios en todos los sectores políticos del país. Los voceros de la derecha tomaron esas declaraciones como referencia para apuntalar su propia visión, en tanto los comentaristas independientes señalaron que el embajador hizo tales las declaraciones en un momento en que el expresidente AMLO se encuentra en retiro y, por lo mismo, no puede responder sus ataques. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática a la embajada del país vecino, en la cual subrayó la actitud injerencista del mencionado diplomático,

En referencia a la afirmación de Ken Salazar, donde afirma que el gobierno de AMLO rechazó una cantidad superior a 32 millones de dólares como apoyo para la lucha contra la delincuencia organizada, se puede comentar lo siguiente: el antecedente de ese ofrecimiento se encuentra en el llamado “Plan Mérida” –una mala copia del “Plan Colombia”—mediante el cual el gobierno de EU se metió de lleno en la actividad política de nuestro país, en la época de Felipe Calderón.

El nuevo “Plan Mérida” fue rechazado por AMLO porque existía el antecedente de que en el sexenio calderonista, ese convenio significó un instrumento de penetración de los organismos de seguridad del gobierno de EU en asuntos internos de México. A cambio de dinero y helicópteros artillados, el gobierno de FeCal permitió el ingreso de agentes norteamericanos armados, que incluso llegaron a ejercer funciones de comando en algunas operaciones de lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, el gobierno de Calderón firmó un convenio con el de EU para implementar el Proyecto “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso de toda clase de armas de fuego ilegales al país, con el supuesto fin de rastrearlas y localizar a los delincuentes. Las armas contenían dispositivos electrónicos para dar con la ubicación de las mismas. Al final, la operación fue un fracaso rotundo, porque el crimen organizado tuvo el control del operativo desde el primer momento. Y finalmente, con ese armamento se cometieron varios crímenes contra policías mexicanos e incluso agentes de EU.

En este sentido, la acusación de Ken Salazar es una autoconfesión de las intenciones injerencistas de su gobierno, cuya aspiración principal fue que por todo México siguieren operando libremente agentes armados de EU, sin reportar sus actividades al gobierno mexicano. Esa política constituyó una injerencia abierta en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, y una clara violación de la soberanía nacional.

Recordemos que durante su gobierno, AMLO estableció regulaciones muy estrictas en el sentido de que los agentes de los organismos de seguridad de EU (DEA, CIA) solo pueden entrar al país sin portar armas, y deben reportar periódicamente a las autoridades mexicanas todo lo referente a sus actividades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al diplomático de EU como una persona carente de congruencia. Incluso preguntó: “¿Cuáles declaraciones de Ken Salazar quieren conocer: las de ayer o las de hace un mes?” Es una constante en su conducta política el cambio frecuente de opiniones. Y la razón de esta conducta –agregamos-- es que Ken Salazar carece de formación diplomática, y por lo mismo no es congruente con el respeto que debe a las autoridades del país donde presta sus servicios.

Así como apoyó la reforma del poder judicial, el embajador parlanchín después la criticó. Primero dijo que era una buena medida, porque en su Estado natal (Colorado) el pueblo elige a sus jueces, pero tiempo después opinó lo contrario, afirmando que la reforma judicial no es conveniente, y más bien daría lugar a que hubiera fricciones en las relaciones de su país con México.

Recordemos también que el embajador de EU se ha negado a dar una explicación clara y precisa acerca de la responsabilidad del gobierno que representa, en relación con la detención del Mayo Zambada y el hijo del “Chapo” Guzmán –realizada en un aeropuerto de El Paso, Tex-- procedentes ambos del territorio mexicano. Esas detenciones han generado la violencia desatada entre miembros de dos grupos rivales de la delincuencia organizada.

En diversas ocasiones las autoridades mexicanas han solicitado al gobierno de EU que precise cuál fue la intervención de sus agencias en los tratos con los delincuentes. Esos acuerdos son los que finalmente condujeron al episodio de la captura de ambos por las autoridades de EU. Esa operación solo se puede entender como resultado de las negociaciones que uno de ellos –o ambos—tuvieron con el gobierno de aquel país.

Como ha señalado en varias ocasiones el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, los estadunidenses se llevan la ganancias del tráfico ilegal, pero nosotros ponemos los muertos. En este caso, el negocio de las drogas de última generación (fentanilo) beneficia a la economía de EU. Las bandas organizadas de aquel país las reciben, las distribuyen a los consumidores, y sus ganancias entran a los circuitos del sistema financiero de EU, y robustecen su economía.

Ken Salazar, en su visión simplista, afirma que la política del expresidente AMLO “fracasó”, pero no entra al fondo del asunto, ya que EU es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Ken Salazar quiere --en su cándida simpleza-- resolver todo el asunto culpando al gobierno de AMLO de no aceptar 32 millones de dólares para “combatir al tráfico ilegal de drogas”.

Po cierto: el diplomático estadunidense evade referirse al enorme tráfico ilegal de armas de fuego, que fluye de su país a México, como producto de la industria armamentista de aquel país, industria que amasa enormes fortunas con base en el tráfico de la muerte.

Más allá de estos incidentes, no debemos pasar por alto que los embajadores de EU en nuestro país son designados por el Departamento de Estado y fungen como representantes del imperio, y sirven siempre a los intereses económicos, políticos y de seguridad estratégica de ese país. Y no importa mucho la máscara que usen; son agentes de los intereses del imperio en nuestro país.

Al sentirse libre de sus obligaciones diplomáticas –ya que en breve será relevado de su cargo—el aún embajador de EU en México, Ken Salazar, descalificó de manera alevosa la política de “abrazos no balazos” aplicada por el expresidente López Obrador, afirmando que fue un fracaso y que el exmandatario se negó a colaborar con el gobierno de su país.

De inmediato se desató una tormenta de comentarios en todos los sectores políticos del país. Los voceros de la derecha tomaron esas declaraciones como referencia para apuntalar su propia visión, en tanto los comentaristas independientes señalaron que el embajador hizo tales las declaraciones en un momento en que el expresidente AMLO se encuentra en retiro y, por lo mismo, no puede responder sus ataques. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática a la embajada del país vecino, en la cual subrayó la actitud injerencista del mencionado diplomático,

En referencia a la afirmación de Ken Salazar, donde afirma que el gobierno de AMLO rechazó una cantidad superior a 32 millones de dólares como apoyo para la lucha contra la delincuencia organizada, se puede comentar lo siguiente: el antecedente de ese ofrecimiento se encuentra en el llamado “Plan Mérida” –una mala copia del “Plan Colombia”—mediante el cual el gobierno de EU se metió de lleno en la actividad política de nuestro país, en la época de Felipe Calderón.

El nuevo “Plan Mérida” fue rechazado por AMLO porque existía el antecedente de que en el sexenio calderonista, ese convenio significó un instrumento de penetración de los organismos de seguridad del gobierno de EU en asuntos internos de México. A cambio de dinero y helicópteros artillados, el gobierno de FeCal permitió el ingreso de agentes norteamericanos armados, que incluso llegaron a ejercer funciones de comando en algunas operaciones de lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, el gobierno de Calderón firmó un convenio con el de EU para implementar el Proyecto “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso de toda clase de armas de fuego ilegales al país, con el supuesto fin de rastrearlas y localizar a los delincuentes. Las armas contenían dispositivos electrónicos para dar con la ubicación de las mismas. Al final, la operación fue un fracaso rotundo, porque el crimen organizado tuvo el control del operativo desde el primer momento. Y finalmente, con ese armamento se cometieron varios crímenes contra policías mexicanos e incluso agentes de EU.

En este sentido, la acusación de Ken Salazar es una autoconfesión de las intenciones injerencistas de su gobierno, cuya aspiración principal fue que por todo México siguieren operando libremente agentes armados de EU, sin reportar sus actividades al gobierno mexicano. Esa política constituyó una injerencia abierta en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, y una clara violación de la soberanía nacional.

Recordemos que durante su gobierno, AMLO estableció regulaciones muy estrictas en el sentido de que los agentes de los organismos de seguridad de EU (DEA, CIA) solo pueden entrar al país sin portar armas, y deben reportar periódicamente a las autoridades mexicanas todo lo referente a sus actividades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al diplomático de EU como una persona carente de congruencia. Incluso preguntó: “¿Cuáles declaraciones de Ken Salazar quieren conocer: las de ayer o las de hace un mes?” Es una constante en su conducta política el cambio frecuente de opiniones. Y la razón de esta conducta –agregamos-- es que Ken Salazar carece de formación diplomática, y por lo mismo no es congruente con el respeto que debe a las autoridades del país donde presta sus servicios.

Así como apoyó la reforma del poder judicial, el embajador parlanchín después la criticó. Primero dijo que era una buena medida, porque en su Estado natal (Colorado) el pueblo elige a sus jueces, pero tiempo después opinó lo contrario, afirmando que la reforma judicial no es conveniente, y más bien daría lugar a que hubiera fricciones en las relaciones de su país con México.

Recordemos también que el embajador de EU se ha negado a dar una explicación clara y precisa acerca de la responsabilidad del gobierno que representa, en relación con la detención del Mayo Zambada y el hijo del “Chapo” Guzmán –realizada en un aeropuerto de El Paso, Tex-- procedentes ambos del territorio mexicano. Esas detenciones han generado la violencia desatada entre miembros de dos grupos rivales de la delincuencia organizada.

En diversas ocasiones las autoridades mexicanas han solicitado al gobierno de EU que precise cuál fue la intervención de sus agencias en los tratos con los delincuentes. Esos acuerdos son los que finalmente condujeron al episodio de la captura de ambos por las autoridades de EU. Esa operación solo se puede entender como resultado de las negociaciones que uno de ellos –o ambos—tuvieron con el gobierno de aquel país.

Como ha señalado en varias ocasiones el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, los estadunidenses se llevan la ganancias del tráfico ilegal, pero nosotros ponemos los muertos. En este caso, el negocio de las drogas de última generación (fentanilo) beneficia a la economía de EU. Las bandas organizadas de aquel país las reciben, las distribuyen a los consumidores, y sus ganancias entran a los circuitos del sistema financiero de EU, y robustecen su economía.

Ken Salazar, en su visión simplista, afirma que la política del expresidente AMLO “fracasó”, pero no entra al fondo del asunto, ya que EU es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Ken Salazar quiere --en su cándida simpleza-- resolver todo el asunto culpando al gobierno de AMLO de no aceptar 32 millones de dólares para “combatir al tráfico ilegal de drogas”.

Po cierto: el diplomático estadunidense evade referirse al enorme tráfico ilegal de armas de fuego, que fluye de su país a México, como producto de la industria armamentista de aquel país, industria que amasa enormes fortunas con base en el tráfico de la muerte.

Más allá de estos incidentes, no debemos pasar por alto que los embajadores de EU en nuestro país son designados por el Departamento de Estado y fungen como representantes del imperio, y sirven siempre a los intereses económicos, políticos y de seguridad estratégica de ese país. Y no importa mucho la máscara que usen; son agentes de los intereses del imperio en nuestro país.