La batalla que tuvo lugar en la SCJN entre dos proyectos: el del de cambio democrático enfrentando a los conservadores, culminó el pasado 5 de noviembre, cuando la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara no obtuvo la mayoría calificada de los votos, y su ponencia fue desechada, quedando a salvo la vigencia de la reforma constitucional.
En los hechos, la SCJN ha representado tradicionalmente un valladar que se ha opuesto al cambio jurídico, político y social del país. Funciona como el núcleo de resistencia de los sectores sociales afectados por el cambio. En ese organismo encuentran protección lo mismo grandes empresarios que se resisten a pagar impuestos, que algunos miembros de la delincuencia organizada cuando solicitan se les apliquen penas menores, se les devuelvan sus intereses confiscados o que se les ponga en libertad en el corto plazo.
La propia estructura de dominación interna de la Corte hace posible que a su interior florezca el compadrazgo, y la relación familiar funciona como factor decisivo en el momento de otorgar los puestos o las promociones a los parientes y amigos. Los intereses familiares de la Corte la convierten de por sí en un órgano conservador en el sentido original del término, es decir, es un organismo que tiende de manera natural a conservar sus intereses e incrementar sus privilegios.
Al iniciar los debates del día 5 de noviembre, todo marchaba viento en popa para los ministros que pretendían detener la reforma. Los campos estaban bien definidos: de un lado, 7 ministros –incluyendo a la propia Norma Piña—que aseguraban una votación mayoritaria en favor de la ponencia conservadora. Del otro, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, quienes han votado siempre en favor de las propuestas de cambio.
En su intervención, el ministro Luis Alberto Pérez Dayán –quien siempre se ha distinguido por sus actitudes conservadoras—expresó claramente que estaba en contra de la reforma, pero introdujo un matiz decisivo: la SCJN carece de facultades legales para cambiar el texto y el espíritu de la Constitución reformada.
Las alarmas se prendieron de inmediato en el campo de los conservadores. Era claro que se requerían 8 votos para anular la reforma, pero con la defección de Pérez Dayán, ya no alcanzarían esa cifra. Mediante un acto de magia, la ministra Norma Piña sacó de su chistera la idea de que con 6 votos de los presentes sería suficiente para anular la reforma. En seguida, la votación de los ministros rechazó la propuesta de la presidenta, ya que estaban votando 11 ministras y ministros, por lo cual la mayoría calificada debería ser de 8 votos.
En efecto, la reforma constitucional –a la cual Norma Piña siempre ha combatido—establece que son 6 los votos que se requieren para integrar una mayoría calificada, ya que la nueva Corte será integrada por solo 9 ministras y ministros. De manera oportunista y convenenciera, Norma Piña tomó lo que le convenía de la nueva legislación, pero usando los votos de los actuales once ministros. La propuesta de Norma Piña fue finalmente derrotada por mayoría de 6 votos contra 5. En consecuencia, la ponencia del ministro Alcántara fue desechada por unanimidad, y quedó firme la legislación que reforma el viejo y anquilosado poder judicial.
En otro orden, el 30 de noviembre próximo, el ministro Luis Aguilar Morales terminará su ejercicio, y quedará en las manos de la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de nombrar un nuevo integrante de la Corte. La importancia de esta selección reside, en primer lugar, en que el nombramiento del o la ministra propuesta está asegurado, porque la izquierda cuenta con la mayoría calificada en el Senado para hacerlo.
En segundo lugar, con ese nombramiento quedará clausurada en definitiva la posibilidad de que la derecha pueda aspirar a nuevos cambios constitucionales. En adelante, las votaciones en la SCJN no podrán favorecer ningún cambio conservador en la Constitución. La votación del 5 de noviembre en la SCJN fue la última oportunidad que tuvo la derecha para realizar cambios de fondo al máximo órgano de impartición de justicia del país. Y la perdió.
Asimismo, el proceso de elección de los nuevos juzgadores seguirá adelante. El 4 de noviembre anterior ya fue lanzada la convocatoria para elegir a los nuevos juzgadores. Hay 3 comités de evaluación de los aspirantes al cargo, un comité de 5 miembros por cada uno de los poderes de la Unión.
Los aspirantes a los diversos cargos deberán cubrir algunos requisitos:
- Presentar un perfil académico adecuado. Este significará 40 puntos en favor del solicitante.
- Experiencia profesional: cada quien deberá presentar un currículum relacionado con los diversos cargos que ha desempeñado. Este apartado recibirá 30 puntos.
- Honestidad. Los aspirantes deberán presentar cartas de recomendación de sus vecinos, o de personas que hayan tenido relación con su trayectoria de vida.
El 31 de enero del año próximo los comités de evaluación revisarán la documentación y entrevistarán a los aspirantes. El 5 de febrero los comités insacularán a los mejores aspirantes y los enviarán al Senado de la República. El 12 de febrero el Senado revisará los listados y los remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE). Posteriormente, del 16 de marzo y hasta el 28 de mayo se realizarán las campañas, dentro de las cuales los aspirantes se presentarán ante los medios de comunicación y podrán debatir con sus oponentes.
Finalmente, el 1 de junio se realizarán las votaciones en todo el país para elegir jueces de distrito y magistrados de circuito; a los 9 ministros de la nueva SCJN y a los del Tribunal de disciplina Judicial (TDJ) que reemplazará al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que preside también la ministra Norma Piña.
Asimismo, los ciudadanos podrán elegir a los dos magistrados o magistradas que hacen falta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque actualmente ese órgano está integrado por solo 5 magistrados, ya que en su momento el Senado no realizó los nombramientos correspondientes.
El debate actual se presenta porque el INE está solicitando más de 13 mil millones de pesos para organizar la elección judicial, con un incremento de por lo menos 4 mil millones de pesos en relación con el proceso de 2024, cuyo costo fue de poco más de 9 mil millones de pesos. La pregunta es: en 2024 la hacienda pública otorgó recursos federales para las campañas de los partidos político, los cuales no participarán en eta ocasión: ¿por qué, entonces, la elección saldrá más cara en el 2025?
