A lo mejor no por las mismas causas, pero el efecto es exactamente el mismo: estamos a unas semanas de las elecciones y el Impepac no ha recibido los recursos que le fueron presupuestados para el 2021, con lo que el proceso comicial enfrenta un enorme riesgo. En el 2018, el entonces gobernador, Graco Ramírez, retuvo los recursos para el órgano electoral y se le acusó de muchas cosas, el Impepac inició entonces un juicio electoral que sirvió para el parcial cumplimiento de la entrega de los recursos. Hoy, el órgano electoral debe hacer lo mismo, este domingo, aprobó el inicio de juicio electoral en contra del gobernador del estado, el secretario de Hacienda y el Congreso del Estado, para demandar que el presupuesto que garantizaría la mínima organización comicial.
En la sesión del Consejo Estatal Electoral, los representantes de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, buscaron de inicio bajar el tema de la orden del día para la sesión, y luego que el dictamen fuera remitido a la comisión de administración. Pero no funcionó porque a final de cuentas el problema no es de percepción, sino material. En efecto, el Impepac requiere recursos para pagar al personal y para la adquisición de servicios y materiales que son urgentes y podrían encarecerse en caso de que se siga retardando su adquisición.
Eso sí, el recurso no pudo entrar en peor día. El fin de semana la Auditoría Superior de la Federación presentó un primer informe de las cuentas públicas del 2019, año en que Morelos acumula observaciones por más de sesenta millones de pesos en recursos que no fueron debidamente comprobados, en cuentas de sectores que habían provocado ya conflictos sociales y políticos, como Escuelas de Tiempo Completo, el Fideicomiso para la Seguridad Pública, el transporte para personas con discapacidad y el Congreso local. El ejercicio discrecional de los recursos en el estado había sido ya señalado por diversas organizaciones; pero la Auditoría pone números a los estudios que aislados eran ya de escándalo.
La retención de los recursos del Impepac, y de muchas otras instituciones que requieren del gasto público, podría ser explicable (dado el desorden con que parecen operar las finanzas públicas en el estado), pero siempre es injustificable en tanto puede generar una nefasta influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre organismos que tendrían que gozar de autonomía para mantener la confianza de los ciudadanos.
Y sobre ello ya ha habido quejas, la respuesta común de la autoridad gubernamental a los organismos que solicitan los recursos que les han sido presupuestados o ampliaciones para poder subsistir y cumplir con sus obligaciones constitucionales, ha sido en el sentido de ejercer más disciplina presupuestal, e incluso recomendaciones para reorientar el gasto, lo que constituye en sí mismo un exceso de parte del Ejecutivo.
Las elecciones son caras por múltiples factores y el sólo objetivo de ofrecer resultados confiables y justos a la ciudadanía. Por la pandemia y los 23 partidos políticos participantes (más del doble de los que asistieron al proceso anterior), el proceso actual es mucho más oneroso. Con todo, resultaría mucho más caro no tenerlas.
@martinellito
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