Hace cuatro años que dejé de escribir para la prensa local porque salí a hacer investigación en Colombia y Brasil por un año. Una de mis últimas colaboraciones fue sobre la corrupción porque, una vez más, nos desayunábamos con una noticia más sobre la corrupción en México. La corrupción va más allá del beneficio personal de los bienes públicos, se trata de capturar al Estado. En aquel momento era la acusación en contra de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004) que, desde 2014, tenía una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo en Tamaulipas y la correspondiente “Ficha Roja” con la que se le buscaría en 189 países por la Interpol. El exgobernador era acusado en México de “Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, pero también en Estados Unidos “por narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y colaboración con cárteles de la droga”. Finalmente, este exgobernador sería capturado en 2018 en Italia (El Universal, 2017, 10 de abril), detención que fue aplaudida por el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022). El exgobernador Yarrington sería extraditado directamente a Estados Unidos el 20 de abril de 2018 para en marzo de este año 2021, declararse culpable de “conspiración para lavar instrumentos monetarios ante un tribunal federal de Texas”. Sin embargo, sorpresas te da la vida, diría Rubén Blades, el actual gobernador de Tamaulipas ha sido acusado de presunta delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y huachicoleo. La cámara de diputados federal ha aprobado su desafuero para ser juzgado, aunque necesita ser aprobada por dos tercios del Congreso de Tamaulipas, improbable porque el PAN es mayoría y el gobernador es panista.
En estos últimos cuatro años también fueron acusados por diversos delitos de corrupción los exgobernadores de Veracruz y Chihuahua; el primero en en prisión y sentenciado, el segundo detenido en Florida y en proceso de extradición. El primero tenía una acusación hecha por la Auditoría Superior de la Federación por 22 mil millones de pesos (2017, 43); el segundo tenía varias acusaciones de montos también importantes: 834 millones de pesos para la creación de un banco, la triangulación de recursos mediante empresas fantasma y la dirección nacional del PRI en la llamada operación “Zafiro”. Sin duda, como lo hemos respondido los mexicanos en varias encuestas, la corrupción es uno de los dos problemas más importantes del país, el otro es la inseguridad.
Pero sorpréndase más, Morelos ha sido encontrado en 2017 como la entidad con mayor prevalencia de corrupción en México y, según la ENCIG 2017, con la mayor ausencia de estado de Derecho en “Orden y Seguridad” en todo el país” (WJP, 2020). Además, somos también primer lugar nacional en feminicidios en 2019 y 2020 y en secuestro en 2019 y en segundo lugar en 2020, según tasas por cada cien mil habitantes con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las sorpresas que nos da la corrupción y la inseguridad en Morelos y en México. Además, no tenemos ningún proceso en curso con algún exgobernador, ni siquiera se han realizado auditorías locales desde hace varios años, ni siquiera está funcionando el sistema estatal anticorrupción. Pero esto no ha sido por falta de denuncias. En los últimos años han tenido denuncias por corrupción exdiputados, exalcaldes, pero no ha habido ninguna sentencia en su contra, excepto por aquel alcalde de Morelos que ganó las votaciones en un municipio y tomó posesión desde la prisión.
Frente a todo esto, el presidente de México Enrique Peña Nieto declaraba otra vez, histórica y grandilocuentemente en el “Establecimiento del [Consejo del] Sistema Nacional de Transparencia y la ley anticorrupción. Muy consciente de su grandilocuencia, el presidente señaló: “Que a riesgo de darle material a ‘más de un caricaturista’.”: “Estamos domando la condición humana que propicia la corrupción… El Estado mexicano y su sociedad lo que estamos haciendo es domar auténticamente a la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia." (El Financiero, junio 29, 2015)
