El Senado aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Seguridad Nacional con la que limita la presencia de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) o el FBI. Con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, los senadores avalaron la iniciativa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que acotará las operaciones de todos los agentes extranjeros de seguridad, pero con repercusiones particulares para los de Estados Unidos. La reforma establece la obligación de los agentes extranjeros de “poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones” ante “las autoridades correspondientes”. Asimismo, define por primera vez qué es un agente extranjero, establece un marco regulatorio y estipula que deben solicitar autorización para internarse en territorio mexicano. Además, se limita “únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas”. Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas. Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México. Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando. Para el gobierno de México, significa la defensa de la "independencia y soberanía" nacional. Para el de Estados Unidos, "solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales". Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos. Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EE.UU. en materia de combate al narcotráfico.
El Senado aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Seguridad Nacional con la que limita la presencia de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) o el FBI. Con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, los senadores avalaron la iniciativa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que acotará las operaciones de todos los agentes extranjeros de seguridad, pero con repercusiones particulares para los de Estados Unidos. La reforma establece la obligación de los agentes extranjeros de “poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones” ante “las autoridades correspondientes”. Asimismo, define por primera vez qué es un agente extranjero, establece un marco regulatorio y estipula que deben solicitar autorización para internarse en territorio mexicano. Además, se limita “únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas”. Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas. Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México. Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando. Para el gobierno de México, significa la defensa de la "independencia y soberanía" nacional. Para el de Estados Unidos, "solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales". Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos. Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EE.UU. en materia de combate al narcotráfico.
