Si bien es cierto López Obrador en su campaña presidencial prometió la “cuarta transformación” de
México, y hasta lo que hoy llevamos de su gobierno aún hay sectores y grupos de la sociedad insatisfechos, dicha “transformación” implica más que un crecimiento económico, bajar las tasas de desempleo o superar crisis económicas, temas que no son menores, pero tampoco pueden ser resueltos en un abrir y cerrar de ojos.
Recientemente el presidente mexicano manifestó respecto a los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs) que ““Todos estos organismos consumen miles de millones de pesos que podrían ser destinados a la salud, a la educación, al bienestar del pueblo”, y por ende deberían desaparecer pues ya no estamos en tiempos del neoliberalismo caracterizado por gobiernos corruptos, de acuerdo al discurso presidencial. Estas declaraciones han suscitado debates en la arena pública y muchas críticas negativas que alimentan a la oposición; sin embargo, es oportuno exponer qué son los organismos constitucionales autónomos y su origen en México, para posteriormente determinar su conveniencia de que sean borrados o no.
A los OCAs se les ha considerado como nuevos órganos del Estado, nuevos poderes públicos y hasta los han llamado el quinto poder por su relevancia en los pesos y contrapesos en el poder político. Dichos organismo tienen su origen en nuestro país en los años noventa del siglo pasado, principalmente, teniendo así hoy en día instituciones como el Banco de México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunos que tienen una presencia que obedeció en su momento a satisfacer demandas sociales que el sistema político no era capaz de solventar con las instituciones que tenía por los que se crearon algunas y a otras se les fueron ampliando sus competencias hasta transformarlas en OCAs al otorgarles autonomía a nivel constitucional, ejemplo de ello el hoy INE antes IFE que nació a raíz de esa falta de credibilidad electoral por parte de quienes tenían la competencia de organizar y calificar los comicios, cuya insatisfacción social y política tuvo su clímax con las elecciones presidenciales de 1988, y que poco a poco se delegaron más facultades a la institución que actualmente organiza y vigila la materia electoral y que si bien es cierto maneja el discurso de ser de ciudadanos, ha sido cuestionado su actuar de sometimiento al Poder Ejecutivo en diferentes momentos.
De tal forma que se construyó un discurso de una necesidad imperiosa de la presencia de los OCAs ante la falta de efectividad de los poderes constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial), a tal grado de crear una inmensa maquinaria de organismos constitucionales autónomos como la respuesta absoluta para resolver los problemas que aquejan a México, desvirtuándose en muchos casos su actuar al grado de ser lugar para corrupción, clientelismo y opacidad.
Los OCAs son instituciones públicas a las que se les ha asignado una competencia de diversa naturaleza ya sea económica, monetaria, electoral, de evaluación, de transparencia, etcétera, pero que al final son instituciones con funciones que no representan una instancia definitoria porque en ese caso serían órganos constituidos, y por lo tanto, su actuar puede ser modificado, desdibujándose su presencia convirtiéndose así en un elemento más del sistema político y una carga más en la burocracia presupuestal en determinados casos.
Hay que tener presente que de acuerdo al investigador Armando Bartra el Presidente Lopéz Obrador está sentando las bases de un cambio de régimen político verdadero donde el paradigma es “primero los pobres”, y no como lo que se prometió en el año 2000 con la alternancia política y el supuesto “cambio” con Vicente Fox, y que para determinados sectores no pueden o no quieren entender el cambio de paradigma político pues implica una lucha entre factores reales de poder que buscan hacer prevalecer sus intereses, y por lo tanto, la cuarta trasformación no puede ser de la noche a la mañana.
También hay que tener presente que si bien es cierto López Obrador representa una esperanza para muchos mexicanos apoyado del Movimiento Regeneración Nacional y que una vez ya instalados en el poder público de la presidencia de la República, dicha esperanza y transformación no se puede sostener en un ideal político como lo expresa el presidente al mencionar que con la 4T ya se terminaron los vicios del pasado otorgando toda la confianza del deber ser a los políticos que hoy están con AMLO, porque una vez que termine su sexenio, ¿qué sigue para este proyecto político que les ha dado cabida a personajes cuestionados por su actuar político y que son ejemplo de vicios que se quieren erradicar como el binomio corrupción-impunidad?
Por lo tanto, no se puede dejar todo a la buena fe de los políticos, se tienen que hacer ajustes institucionales sí, pero no se puede borrar de tajo todo, por ello el Derecho es un instrumento para diseñar mecanismos legales para el control del poder porque si hoy puede haber un gobernante carismático que no esté viciado su actuar con corrupción, mañana no sabemos qué personaje pueda llegar a la silla presidencial y que no existan mecanismos para que sea objeto de responsabilidad jurídica y política no es conveniente para la democracia. También los ciudadanos deben desarrollar una cultura jurídica y política para no dejar todo a los gobernantes y que éstos sean juez y parte al momento de evaluar su desempeño en el ejercicio del poder político.