La transparencia, más que una obligación legal de las instituciones, es una herramienta que tiene la sociedad para vigilar el uso responsable y honesto de los recursos públicos.

La resistencia es inevitable, pues a través de la transparencia, la población obtiene poder. Tampoco extraña que se acuse y señale a los órganos garantes, pues su presencia y trabajo son un obstáculo y molestia para quienes prefieren desenvolverse en la opacidad, el uso discrecional de los recursos del erario y la corrupción. Pero para los servidores públicos honestos no hay nada que ocultar, de ahí que la disposición a la transparencia por parte de las entidades públicas y los gobernantes constituya un indicador de su compromiso con la ciudadanía, la democracia y el buen gobierno.

A nivel nacional e internacional, los organismos especializados, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, realizan diversos estudios y análisis en la materia, entre los que podemos destacar el Índice de Percepción de la Corrupción, que publica cada año Transparencia Internacional. Este índice ubica a México como uno de los países con peor desempeño en materia de combate a la corrupción. En una escala de 0 a 100, nuestro país obtuvo solamente 29 puntos; muy por debajo de naciones como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia, que obtienen cada año entre 85 y 90 puntos.

Entre los esfuerzos para mejorar las prácticas de transparencia en nuestro país, destaca la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que integra el esfuerzo y compromiso de la administración pública y los órganos garantes nacional y local.

Entre los datos referentes a la transparencia activa por parte de los Sujetos Obligados; solicitudes de información y recursos de revisión, se observa que, a nivel nacional, los órganos autónomos (Banxico, INAI, INE), son las instituciones más transparentes, seguidas por las autoridades judiciales y universidades públicas; mientras que las menos transparentes son los partidos políticos, los fideicomisos públicos y los sindicatos, mismo escenario que se configura en las entidades federativas.

En lo local, los estados mejor evaluados fueron Tabasco, Quinta Roo, Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas. Morelos se encuentra en la mitad superior del índice, con 81 puntos; 9 puntos encima del promedio nacional que es de 72.

En algunas entidades como Morelos, Guanajuato y la Ciudad de México, se concentra la mayor cantidad de solicitudes a sus autoridades locales. Hace cuatro años, en 2016 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) atendió 4,447 recursos de revisión, 1,442.3 por comisionado, mientras que la carga de trabajo promedio por cada comisionado o consejero del INAI y los demás Órganos Garantes Locales, fue de 359.5 recursos.

El interés de la sociedad es cada vez mayor, la voluntad por ejercer su derecho de acceso a la información crece día con día y es una señal positiva. La vigilancia de los gobernantes y representantes populares está en manos de una población que ahora sabe que ése es su derecho y está dispuesta a ejercerlo a través de órganos como el IMIPE. Nuestra democracia está en buenas manos.