A nivel nacional son pocos los estados donde los crímenes de odio se castigan severamente, siendo uno de los grandes pendientes hacia la comunidad LGBT+, especialmente en un momento donde se han generado grandes avances en materia legislativa.
A la fecha el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Fundación Arcoíris detectó al menos 67 atentados en contra de personas de la diversidad sexual, siendo Morelos el estado con más casos registrados, específicamente 12.
Aunado a ello, de 2018 a abril de 2021, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) registró 182 quejas por presuntos actos de discriminación contra personas de la diversidad sexual y de género.
México, a decir de organizaciones de la sociedad civil y las mismas autoridades, continúa siendo un lugar riesgoso para expresar las preferencias sexuales y de género. La exdiputada por Morena, Lorena Villavicencio, afirmó que México es el segundo país en América Latina con más casos de crímenes de odio contra personas diversas, sólo por debajo de Brasil.
A nivel nacional se cuenta con un marco legal robusto que garantiza la protección de los derechos de las personas sin discriminación en el primer artículo de la Constitución; en 2011 se realizaron diversas reformas a dicho artículo que explícitamente prohíben la discriminación por preferencia sexual.
Sin embargo, son pocos los estados donde los crímenes de odio se encuentran tipificados en sus Códigos Penales, siendo 18 las entidades que cuentan con este tipo de marco legal: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Hoy en día la agenda LGBT+ va ganando terreno en los Congresos estatales, formando parte de la agenda legislativo de las y los diputados, pero esto no ha sido suficiente para erradicar estás violaciones a los derechos humanos.
La organización civil, “Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana”, A.C., ha aseverado que el principal obstáculo para enfrentar a esta creciente violencia letal en contra de la comunidad LGBT+ es la falta de registros oficiales, ya que, si las fiscalías estatales continúan sin registrar la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, no se podrá avanzar en la búsqueda de soluciones, al ser un tema cultura y educativo.