Casi al final del sexenio del gobernador Antonio Riva Palacio López, quien estuvo al frente del estado de Morelos desde 1988 a 1994, se determinó que todos los maestros recibirían 90 días de salario como aguinaldo a fin de año, y desde entonces el tema no ha dejado de ser polémico, pues el Poder Ejecutivo debe desembolsar fuertes cantidades de recursos, pues el beneficio se ha extendido a los trabajadores de los tres poderes del estado y los 36 ayuntamientos.
Las y los maestros que laboran en tierras morelenses forman parte de los 10 estados, incluidos Puebla, Oaxaca y Estado de México, en donde incluso en el caso de este último reciben 120 días por concepto de aguinaldo, más 40 días de salario.
Sobre esto se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante los primero días de octubre de 2015, declarando “inconstitucional” el pago del aguinaldo de 90 días a profesores morelenses, esto luego de la Controversia 63/2014 interpuesta por el gobierno federal, pero luego vino la respuesta del entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, que a través del director del IEBEM, Fernando Pacheco Godínez, señaló que éste estaría garantizado.
El máximo tribunal de justicia en México determinó en ese entonces invalidar los artículos 14 bis, 22 quintus, los artículos transitorios cuarto y sexto de la Ley de Educación del Estado de Morelos.
Apegados a esta determinación, los docentes solo tendrían derecho a 40 días de salario como concepto de aguinaldo de cada año y no 90, no obstante, de acuerdo a la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, desde el año 2014 existe un convenio, “determina que toda aquella prestación que no solvente la Federación debe ser asumida por los gobiernos de los estados, es decir, que si el gobierno federal pagó solo 40 días de aguinaldo, el resto, es decir 50 días, debe pagarlo el estado”.
Cuánto significa
Todo maestro o maestra que forme parte del SNTE tiene derecho a recibir los 90 días de aguinaldo, por lo que más de 20 mil tienen el beneficio, incluidos también los más de 13 mil jubilados y pensionados.
En el presupuesto de 2021, el Congreso aprobó un techo presupuestal de ocho mil 669 millones 028 pesos para el IEBEM, de estos, siete mil 616 millones de pesos llegan vía Federación y solo mil 053 millones 453 mil pesos llegan vía estatal. Del total, 98 por ciento se van al pago de nómina, según Eliacín Salgado.
Para los más de 13 mil jubilados y pensionados, el desembolso significa más de 200 millones de pesos en aguinaldo cada año, de acuerdo a la secretaria de este sector en el SNTE, María de Lourdes Salazar Núñez.
El debate sigue entre las autoridades y el sindicato
El debate vuelve a surgir cuando las autoridades estatales han declarado que no pagarán el aguinaldo de 50 días a los 25 maestros homologados “federalizados” que se retiraron este 2021, por lo que solo recibirán los 40 que envía el gobierno federal, al ser ellos quienes asumen la nómina.
En respuesta, la sección 19 dijo no estar dispuesta a permitir que se les retiren estas prestaciones, pues para ellos es abrir la puerta a que más adelante se amplíe también a los activos y pierdan “logros sindicales”. Salazar Núñez dijo que existe el Decreto 876 publicado con el número 4435, con fecha 18 de enero de 2006 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
El decreto señala en el artículo 13 bis: “Se reconoce el derecho de los trabajadores jubilados federalizados afiliados a la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a percibir un aguinaldo que en conjunto con el concepto similar que les otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), no deberá ser inferior a los 90 días de salario. Lo anterior de conformidad con las reglas y limitaciones que se mencionan en el presente ordenamiento”.
Este derecho lo tendrán siempre y cuando los trabajadores hayan laborado en Morelos los últimos 10 años de forma efectiva. Especifica también que si en el caso de que el ISSSTE otorgue días más deberá pagarse el complemento de los 90 días, por lo que el gobierno del estado deberá “contemplar una partida presupuestal”. La prestación deberá pagarse a más tardar el 15 de diciembre, una primera parte, y la segunda a más tardar el 15 de enero de cada año.
Gabriela Bañón dejo en claro que si es necesario se movilizarán activos y jubilados para impedir que el no pago de dicha prestación se haga efectiva.
