Al menos cuatro alcaldes de Morelos podrían ser denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y alcanzar incluso la prisión al no atender las observaciones del ejercicio 2021-2022 realizadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso de Morelos. Además, otros 11 municipios podrían enfrentar la misma situación.

De acuerdo con el titular del órgano encargado de la fiscalización, José Blas Cuevas, en total, la afectación al erario público es de 300 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría realizada por el organismo en la cual hicieron 200 observaciones a municipios como Cuautla, Zacatepec, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, entre otros.

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“Estamos hablando de que son 15 municipios que no han atendido su requerimiento y el máximo castigo es la prisión por el uso indebido del recurso público. La Inhabilitación es lo mínimo que les pueden dar”, mencionó.

Blas Cuevas, explicó que esto se da por presuntas irregularidades en los contratos de obra pública, y la mayoría en el rubro del gasto corriente.

Hay contratos, nóminas no justificadas, y todo gasto público tiene que cumplir en la ley, no pueden pagar algo que no esté presupuestado ni que esté en ley.

Manifestó que el procedimiento es de manera personal; es decir, en caso de concluir la administración, tanto alcalde como tesorero seguirán con el proceso penal o administrativo, según sea el caso.

Ante esto, Blas Cuevas, sostuvo que los ediles deberán ponerse al corriente, pues esto corresponde al año anterior y aún falta la auditoría del 2023–024.

En el caso de los sistemas de agua potable en los municipios también existen varias observaciones, para el caso de Cuernavaca con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) aún faltan por justificar 50 millones de pesos, indicó el funcionario.