Las tortillerías del país no son ajenas a las extorsiones y el cobro de derecho de piso. Cerca de 20 mil negocios en el país se ven afectados por estos delitos que inciden en el precio que pagan los mexicanos. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), de las más de 130 mil tortillerías que hay en el país, entre 14 y 15 por ciento padecen de extorsiones.
Homero López García, presidente del organismo, contó a El Sol de México que los establecimientos tienen que pagar entre dos mil 500 y tres mil 500 pesos semanales a distintos grupos delincuenciales para que les permitan operar.
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“La gente se acostumbra a pagar una cuota o derecho de piso, o incluso a pagar más por el maíz o la harina para producir, porque es lo que les obligan a comprar los grupos delincuenciales, y ya no son sólo los cárteles, hay varios grupos y esto tiene que ver con una ausencia de seguridad, la falta de policías o que están coludidos en algunas zonas”, dijo el directivo.
Este hecho, que según López García se ha recrudecido en los últimos seis años, tiene una incidencia directa en el precio que los consumidores pagan por el kilo de tortilla en algunas regiones.
“Cuando menos, 15 por ciento en el alza del precio de la tortilla tiene que ver con los costos que las extorsiones generan para estos negocios”, declaró.
En lo que va de la actual administración, el precio promedio mensual del kilo de tortilla a nivel nacional ha tenido un incremento cercano a 60 por ciento, lo que se traduce en más de 8.50 pesos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.
Este fenómeno va en línea con lo que padecen los productores agropecuarios de todo el país, quienes trasladan a los consumidores finales los costos de la extorsión y el cobro de derecho de piso de los que son víctimas.
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Félix Martínez Cabrera, declaró a este diario que la inseguridad tiene una incidencia de entre 10 y 12 por ciento en el incremento de precios en los productos para el consumidor final.
El presidente del CNT contó que si bien se trata de un problema a nivel nacional, hay entidades que padecen más este tipo de delitos, como son Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Veracruz.
“La gente tiene que comer y tiene que atender sus negocios, entonces lo que hace es alinearse a la actividad de estos grupos. Si en la Ciudad de México, en zonas como Polanco y la Condesa los vecinos aceptan que hay delincuencia, qué no ha de pasar en lugares o poblados alejados”, contó López García.
Pero la delincuencia organizada no sólo orilla a los tortilleros y productores de otros alimentos a pagar cuotas que se trasladan a los precios finales, sino que incluso tienen que abandonar sus lugares de trabajo en ocasiones.
Como dio a conocer este diario, el presidente del CNA, Juan Cortina, dijo durante el 20 Foro Global Agroalimentario que la inseguridad en el sector ha llevado a trabajadores y productores a abandonar sus tierras para migrar hacia el norte.
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López García dijo que derivado de esta situación, tres por ciento de las tortillerías en el país tuvieron que bajar la cortina en los últimos años, lo que equivale a cerca de cuatro mil establecimientos según los datos del CNT.
“Hay grupos delincuenciales a los que si no se les paga la cuota reaccionan con bombas molotov o disparos en las tortillerías, es algo que hemos visto desde hace al menos 10 años y de lo que muchos han huido”, concluyó el directivo.
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