Durante las últimas administraciones, el gobierno estatal y los ayuntamientos se han dedicado a solicitar y refinanciar préstamos que endeudan al estado de Morelos más allá del periodo en el que fungirán como representantes populares, suponiendo un obstáculo para las nuevas autoridades al momento de utilizar los ingresos propios en obras de beneficio público. Por el contrario, los ingresos son utilizados para cubrir los intereses de las deudas heredadas por sus antecesores.

Durante el gobierno de Manuel Martínez Garrigós (2009-2012), el ayuntamiento de Cuernavaca solicitó un crédito de 600 millones de pesos que comprometería más de la mitad de los ingresos de la administración para cubrirlo. En diciembre de 2021, cuando José Luis Urióstegui Salgado asumió la alcaldía de la capital, la deuda por ese préstamo alcanzaba los 222 millones 704 mil pesos. En lo que va de la administración se redujo a 139 millones 634 mil pesos.

Las consecuencias que enfrenta Cuernavaca, como resultado de su endeudamiento, no son exclusivas de este municipio. Desde hace dos décadas, los presidentes municipales se enfrentan a deudas millonarias que impiden una gestión óptima, ya que gran parte de los recursos es destinada a cubrirlas.

“Lo que se ha provocado es enriquecer a unas cuantas personas, porque alguien se enriquece con eso, empezando por los bancos, que desde hace tiempo se han estado beneficiando de las decisiones de los alcaldes, y las decisiones de los alcaldes son solapadas por los cabildos, que aprueban esos endeudamientos”, dice Jorge Juárez Morales, presidente de la asociación civil Fondo de Lucha por la Democracia A.C.

¿Cuánto debe Morelos?

De acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigentes, hasta septiembre del año pasado la deuda bancaria del Ejecutivo estatal alcanzaba los seis mil 405 millones 938 mil 559 pesos, basada, principalmente, en cuatro créditos ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y montos programados para ser pagados como límite en 2041.

A pesar de que cada morelense debe unos tres mil 250 pesos (lo que correspondería pagar a cada persona si la deuda estatal se dividiera entre el total de habitantes), el colectivo de científicas y científicos México, ¿cómo vamos? ubica al estado en color verde dentro de su semáforo económico, con una deuda menor al nivel nacional (0.9%) y una reducción mayor a la nacional (cuatro puntos porcentuales).

Con todo, varios investigadores consideran necesario modificar el marco legal para garantizar que los endeudamientos dejen de afectar las finanzas de los municipios, lo que a final de cuentas termina perjudicando a los ciudadanos y sus necesidades.

Necesario, modificar el marco legal

De acuerdo con Roberto Salinas, codirector del centro de investigación Morelos rinde cuentas, lo ideal es que los endeudamientos se sujeten a un marco legal que establezca que éstos deben ser cubiertos durante el periodo administrativo en el que se contratan, ya sea municipal o estatal:

“Que sea pagado en el tiempo de la misma administración. Eso sería lo mejor para que el funcionario que esté a cargo de la institución, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o los ayuntamientos, se comprometa a cubrir ese recurso que solicitó y no se quede para las administraciones que vengan”, considera el investigador.

Por su parte, Jorge Juárez aporta que, a falta de instituciones que contribuyan a evitar sobreendeudamientos en los municipios, la revisión debe venir de la propia ciudadanía, con un interés primordial en lograr gobiernos eficientes, con ayuntamientos que no resulten costosos.

“El asunto de las deudas de los gobiernos municipales, al menos el de Cuautla, ha sido no para obra pública, sino para pagar una estructura muy onerosa y un dispendio de los recursos”, opina el activista sobre la situación que enfrenta el ayuntamiento de la Heroica, con una deuda en préstamos superior a los 155 millones de pesos, siendo el municipio más endeudado, y con un déficit total mayor a los 715 millones, con crecimiento trimestral promedio de 26 millones.

De acuerdo con Juárez Morales, la deuda del Ayuntamiento de Cuautla comenzó a convertirse en un problema serio desde hace 20 años, durante el gobierno de Francisco Rodríguez Montero: a pesar de los créditos y los refinanciamientos, cuyo propósito es contar con mayor capital para hacer frente a las necesidades ciudadanas, las carencias del municipio no se han resuelto:

“Desde 1997 los alcaldes han hecho un mal manejo del gobierno, porque reciben más dinero, pero no ha sido para beneficiar a la población: siguen mal los servicios; no hay obras públicas.”, afirma Juárez.

Pagan los platos rotos

Uno de los mejores ejemplos para apreciar el impacto de las deudas en la administración pública de los municipios tuvo lugar a fines de año en Ayala, en la región oriente del estado, cuando el gobierno de Isaac Pimentel Mejía tuvo que suspender la rehabilitación del tramo carretero Ahuehueyo – Xalostoc para cubrir el aguinaldo de los empleados.

De acuerdo con el alcalde, la situación financiera del ayuntamiento se complicó debido a una deuda de 98 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) heredada por las administraciones que le precedieron, particularmente entre los años 2014 y 2017, pero de la que fue notificado en septiembre de 2022:

“Nos empezaron a descontar mensualmente un millón de pesos, además del descuento que ya teníamos del empréstito que se pidió a largo plazo, en el que nos descuentan alrededor de un millón y pico”, dijo el edil, lamentando que, a la fecha, cubrir esta deuda represente perder casi el 50 por ciento de sus participaciones mes con mes. “No es sostenible”, remató.

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