La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado advirtió buscar el amparo de la justicia federal para que los diputados remitan los dictámenes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno, así como lo concerniente a los 36 municipios, ya que siguen sin ser notificados.
Normalmente, confirmó la dependencia, los paquetes presupuestales suelen remitirse para su revisión y posterior publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entre tres a cinco días hábiles y ya han transcurrido más de siete días.
Una vez que se recibe el paquete fiscal del año 2023 por el Ejecutivo, la Consejería Jurídica hace observaciones las cuales son notificadas al Legislativo en las siguientes 24 horas, para que las justifique y responda. Posteriormente, el documento es publicado en el Periódico Oficial.
Dulce Marlene Reynoso Santibañez, consejera jurídica del gobierno, señaló que el retraso en la entrega podría dejar sin tiempo al Ejecutivo para su revisión, lo que podría traer consecuencias legales, derivado de las omisiones de los diputados.
Legalmente, la fecha límite para esperar el documento fiscal del gobierno estatal concluye este lunes de ahí que, de mantenerse en la parálisis el Legislativo, la opción es exigir el documento mediante la solicitud del amparo ante un juez federal, indicó Reynoso Santibañez.
Agregó que la Consejería Jurídica mantiene la prudencia y evita llegar al enfrentamiento legal con la Cámara de Diputados del estado, con la finalidad de no provocar conflictos entre ambas instituciones al no haber un presupuesto publicado dentro del órgano oficial de la entidad.
Recordó que el periodo ordinario de sesiones dentro del Legislativo termina el jueves 15 de diciembre, dentro del cual solo en una asamblea extraordinaria podrían hacer las modificaciones y éste sería en el mes de enero del año 2023.
Esta situación, dijo la consejera jurídica, provocaría que para el próximo año Morelos, por segunda ocasión, iniciará con el mismo presupuesto del 2021, hasta que se dé la publicación oficial y, en caso de darse la controversia constitucional, habría certidumbre fiscal hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva.
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