En su administración como gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu solicitó diversos créditos que incrementaron considerablemente la deuda pública. Uno de ellos fue por 2 mil 806 millones de pesos.
De hecho, recientemente en entrevista para El Sol de Cuernavaca, la senadora Lucy Meza señaló que durante la LII Legislatura el Congreso aprobó una auditoría especial sobre ese crédito ante la falta de transparencia. “Nosotros le mandamos una auditoría porque no había transparencia en el manejo de este recurso que se le aprobó para hacer obras de infraestructura”, señaló.
El empréstito aprobado en el decreto 936 de la Ley de Deuda Pública del Estado establece que se contrató con fines productivos para ayudar a los municipios y que sería refinanciado a 18 años.
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En 2014 Graco Ramírez informó que el crédito solicitado financiaría 637 proyectos en los 33 municipios del estado en obras de servicios públicos como drenaje, alcantarillado, inversión al desarrollo agropecuario, educación, salud, entre otros.
El activista y exfuncionario en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gerardo Becerra Chávez, en ese entonces era integrante de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos y recuerda que, inicialmente, la propuesta que manejó Ramírez Garrido a los legisladores fue que ese recurso se destinaría a los municipios; incluso, muchos ayuntamientos enviaron su documentación a la Secretaría de Hacienda.
“Lo hizo para supuestamente hacer obras, entonces hay una enorme cantidad de obras, cerca de 300 obras, donde le puedo decir con certeza que ninguna de ellas tiene alguna cuestión ejecutiva de cómo se iba a hacer. Finalmente, los diputados de aquella época le aprobaron este crédito”, lamentó.
Ninguna de las obras ejecutadas entonces por el gobierno del estado contó con un proyecto ejecutivo y se desconoce cómo se ejerció el gasto, asegura Chávez de Ita.
Refiere que incluso parte del crédito por los más de 2 mil millones de pesos se utilizó en su momento para pagar la nómina del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
En su momento, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que el exmandatario habría desviado mil 853 millones de pesos por el rubro de Ejercicio de obras y acciones improcedentes y más de 200 mdp que se utilizaron para el pago de nóminas, bonos y aguinaldo del IEBEM.
Ante las irregularidades observadas, en su momento se presentaron denuncias ante la Secretaría de Hacienda y se solicitó un juicio político en contra de Graco Ramírez ante la entonces Procuraduría de la República, al no existir la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; sin embargo, se dictó el ejercicio de la acción no penal, quedando organizaciones y ciudadanía en la indefensión.
Ejecutivo, obligado a refinanciar
Al concluir la administración de Graco Ramírez, el monto de la deuda pública estatal superaba los 6 mil 663 millones 949 mil 864 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda; frente a ello, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo instrumentó diversas estrategias para optimizar la deuda pública.
El refinanciamiento de la deuda pública estatal fue autorizado mediante el decreto número mil ciento seis y publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5899 con fecha 31 de diciembre de 2020, lo que permitió refinanciar los créditos de la administración anterior.
Dicho proceso se realizó en 2021, donde, a través de una licitación pública, resultó ganador el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), tras haber presentado las ofertas de crédito con las tasas de interés más bajas, por lo que, el 28 de junio de 2021 dicho proceso se formalizó con la firma de cuatro contratos de crédito entre Banobras y el Estado de Morelos.
La operación del refinanciamiento no implicó contraer ningún peso adicional de deuda, ni pago de comisiones; por el contrario, esos nuevos créditos redujeron el pago de intereses y liberaron recurso para la entidad, asegura la dependencia estatal.
Esta acción, afirma, trajo múltiples beneficios, destacando la disminución del costo de la deuda pública, pasando de 0.76 por ciento a 0.71 por ciento sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio; y una liberación de recursos, así como ahorros derivados de menores gastos operativos.
Deuda pública, tema polémico
El manejo de la deuda pública siempre será polémico por el tema del endeudamiento que se puede generar en las próximas administraciones, la carga financiera para la ciudadanía quien, finalmente, termina pagando con sus impuestos, afirma Francisco Santillán Arredondo, exdiputado local y exsecretario de Trabajo en el gobierno estatal.
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Si bien no le tocó aprobarlo cuando se desempeñó como diputado local, recuerda que se hizo bastante obra pública, como fue la remodelación del Centro Histórico de Cuernavaca, entre otras.
“Lo importante es que las deudas estén transparentadas, que estén claras y que, si se hicieron las obras, que sean visibles y que sea perfectamente el costo de las obras”, finalizó.
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