La falta de actuar de jueces o magistrados en los últimos años impidió continuar con juicios fiscales que podrían beneficiar al erario con alrededor de 80 mil millones de pesos, aseguró Félix Arturo Medina, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
Durante la conferencia de prensa matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la PFF presentó tres casos donde los jueces han aplazado juicios de grandes contribuyentes o empresas hasta por 18 meses.
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Estos 80 mil millones de pesos equivalen al presupuesto de tres años del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro o aumentar hasta 25 por ciento la pensión de los beneficiarios del programa de adultos mayores, aseguró Medina.
“El actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura”, destacó el funcionario.
Medina detalló que estos 80 mil millones de pesos están divididos en tres casos, uno de ellos pendiente desde el 2010. El primero de los adeudos corresponde a 17 juicios con grandes contribuyentes que en conjunto adeudan cerca de 55 mil millones de pesos. Según el procurador fiscal, los morosos fueron agrupados en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
Del total de los juicios, 14 de ellos no tienen una fecha u hora de audiencia, lo que no sólo obstaculiza los procesos penales, sino también la recuperación de aproximadamente 54 mil millones de pesos que pueden ser para las arcas del país.
“En el 82 por ciento de estos casos, integrantes del Poder Judicial de la Federación han impedido que se abra la puerta al proceso penal y, por lo tanto, impedido que se haga justicia”, puntualizó el titular de la PFF.
Según el procurador, se detectó que los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial, o que en ocasiones lo han hecho hasta 18 meses después.
Sin embargo, cuando por fin se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, dijo el procurador.
Otro de los casos registrados por la PFF es de una empresa del bajío que cometió defraudación fiscal por casi 300 millones de pesos. Pese a los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría, el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado ha emitido resoluciones contrarias a la ley.
“Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, puesto que sostiene que esta secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal”, expuso Medina.
De igual manera, mencionó que el juez ha ignorado criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y de otros juzgados, incluso en contra de observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, pero esto no lo exime de su responsabilidad. Ante ello, trabajaremos para presentar una queja administrativa, incluso una denuncia, porque estas conductas podrían constituir delitos cometidos en contra de la administración de justicia”, precisó.
El último de los casos recopilados es de una gran empresa de presencia nacional que fue fiscalizada durante 2010, 2011 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, aunque en todo este lapso ha impugnado las resoluciones del juez con el fin de postergar su sentencia tributaria.
“Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años derivado de varios años de letargo en el litigio, y en particular, en los últimos ocho meses que se ha encontrado en manos del ministro Luis María Aguilar Morales”, detalló Medina.
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Por lo anterior, enfatizó, el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro Aguilar Morales.
“Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia, debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos.”, concluyó el procurador.
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