La síndica municipal, Verónica Atenco Pérez mencionó que durante el año se han recaudado alrededor de 975 mil pesos en el juzgado cívico; este recurso fue recaudado a través de multas de carácter administrativo.
Atenco Pérez señaló que, los motivos principales por los cuales se canalizan a las personas con los jueces cívicos son: por estar en estado de ebriedad en vía pública y por alteración al orden público, así como por daños al patrimonio del ayuntamiento, y demás faltas administrativas.
Esta recaudación llega directamente a las arcas municipales, por lo que se considera como recurso propio de la administración; Atenco Pérez señaló que los juzgados cívicos sólo atienden faltas administrativas, por lo que no es una estancia investigadora.
"Muchas personas piensan y confunden que nosotros vamos a ser una institución investigadora, no somos investigadores de delitos más graves, son los primeros delitos que puede llegar a cometer una persona", explicó la síndica.
Para el mejoramiento de los juzgados cívicos, Atenco Pérez dijo que se propondrá un reglamento interno homologado a un modelo nacional, con ello se buscará mejorar las condiciones de los juzgados, no solo en normatividad sino en las instalaciones también.
Una vez que el reglamento se eche a andar, se gestionará con el gobierno federal, para que se encamine un recurso que servirá para acondicionar la sala de audiencias, sin embargo, todavía no hay una fecha para que esto se logre.
Cabe mencionar que, la mayoría de las personas que llegan a los juzgados cívicos son por transitar en estados inconvenientes, es decir, bajo los influjos del alcohol o sustancias tóxicas, por ello, se busca apoyar a la ciudadanía en un modelo integral, que se canalice a las personas a diferentes áreas de apoyo y atención de alcoholismo y adicciones.
“Ya tenemos el espacio, ya solo nos falta acondicionarlo, otra situación importante que tenemos que mencionar es que vamos a darle seguimiento a quienes quieran que nosotros los canalicemos a instituciones que puedan atender alguna adicción”, dijo la síndica.
Al concluir reiteró que, este último punto es voluntario, no se obliga a las personas que acudan a las instituciones de atención, sin embargo, si la persona es menor de edad, será la familia quién podrá decidir si asisten o no, siempre y cuando se apeguen a los derechos humanos del implicado.
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