El desaseo, la intención o no en el manejo abusivo de los recursos públicos y la discrecionalidad para ejercerlos, son factores que han contribuido a que la tarea de prevención y atención de los desastres no sea oportuna o tal vez más eficaz.
En Morelos, muchas veces estas tragedias se aprovecharon como pretexto para la desviación de dinero; en otras ocasiones simplemente se apostó al fastidio ciudadano.
Aunado a lo anterior se suma la ignorancia y el desinterés para dejar de lado la tarea de la prevención. Muchas de las tragedias no se podían evitar, pero con interés y transparencia se hubieran atendido con mayor eficacia.
Los momentos álgidos como temblores, inundaciones, deslaves, contaminaciones ambientales o invasiones de tierras son parte de la vida cotidiana, sobre todo desde 2017 cuando la entidad pasó a ser una tierra de movimientos telúricos.
Francisco Santillán Arredondo, expresidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil de la 53 Legislatura, planteó que Morelos tiene dos áreas en el tema de desastres naturales que afectan casi regularmente: inundaciones y sismos.
Explicó que en el temblor de 2017 resultaron afectadas ocho mil viviendas, de todas esas que pueden considerarse como pérdida total el Fonden únicamente atendió mil 600 aproximadamente.
“Para que nos demos una idea en la reconstrucción de viviendas que se hizo en una mezcla entre recursos estatal que se obtuvo a través del préstamo de Banobras que pidió al Congreso, más el apoyo de las fundaciones porque estas le entraban hasta con 70%, se llegó a juntar alrededor de 250 o 300 millones de pesos, pero los gastos fueron muchos; el INAH se gastó casi mil millones de pesos en la construcción de iglesias con gasto federal. En escuelas fueron 3 mil millones de pesos, administrados por el INEIEM, y que fueron prácticamente también gasto federal. Otro asunto es de lo que se gasta año con año en materia de inundaciones”.
Y en este apartado aparecen los municipios como Yautepec, Tlaquiltenango, Jojutla, Tlayacapan, Tepoztlán, entre otros, que sufren estos problemas que sí se pueden proveer, dijo.
Los sismos evidentemente no, aclaró, lluvias eventualmente tampoco pero se puede hacer trabajo previo con un atlas de riesgo y con una planeación urbana correcta.
Es decir, necesariamente se debe solicitar que a “los asentamientos humanos que se ubican en zonas de riesgo de inundarse se les aplique un mecanismo para reorientarlos, reagruparlos o reubicarlos en otras zonas y liberar las áreas que están cerca de los afluentes de los ríos, porque el problema de las inundaciones es cuando se desbordan los ríos, pero el problema está en las familias que se ven afacetadas y las pérdidas de vidas”.
Abundó que hoy el riesgo es enorme, además de no haber prevención el fondo para desastres desapareció con la actual administración federal y el apartado estatal en esta materia tiene muy pocos recursos, y de allí que “cada vez que viene un desastre se tiene que atender casi de manera aleatoria y viendo de dónde se sacan los recursos porque es poco lo que se tiene”.
Una eventual solución es que tanto el gobierno federal como el estatal y municipal tomen una política de previsión, por un lado, alertas sísmicas para los temblores y atlas de riesgo para el caso de inundaciones, deslaves y cualquier otro tema orientado a la organización urbana.
Urgió la necesidad de orientar el gasto para que las zonas en mayor conflicto sean reubicadas porque pareciera que mientras no ocurre nada y no hay crisis nadie se acuerda.
Según cifras de presupuestos federales, en los últimos 10 años, México destinó en promedio 7,847 millones de pesos anuales al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mientras que al Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) 323 millones. Eso quiere decir que, en cifras nominales, el presupuesto destinado a la prevención significó 4.11% del destinado a la atención de desastres, destacó Badilla en El Economista en su edición del pasado 19 de septiembre1.
A pesar de haber solicitado información a la titular de hacienda Monica Boggio sobre la cantidad de recursos invertidos para la atención de desastres, no hubo respuesta. Sin embargo, los diputados han puntualizado que mientras el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informaba que destinarían al menos 30 millones de pesos para las emergencias por desastres naturales en Morelos, los diputados han puntualizado que para este ejercicio presupuestal el gobierno estatal tiene aprobados 63 millones, faltarían 33 millones. Pero Boggio señaló que no hay una cantidad específica.
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