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Las empresas Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil, así como Dalia Pilar Lamarque Picos obtuvieron los primeros amparos contra la reforma presidencial a la Ley de Hidrocarburos.
Las empresas, cuatro de ellas mexicanas, tienen o han tenido permisos ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el transporte de combustibles, como el diésel o la gasolina por medios distintos a ductos, es decir, pipas, ferrocarriles o barcos.
Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado en Competencia Económica, y a quien el presidente ha señalado de “conservador”, fue el magistrado que otorgó la suspensión a algunos artículos de la reforma publicada el 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
Grupo Base Energéticos ingresó el año pasado un permiso para transportar petrolíferos y provee su servicio a empresas como Global Lube, empresa que es distribuidora autorizada de los lubricantes Total en el país, o Sekurit Lubricantes, especializada en la venta de autopartes y lubricantes para motor.
Antluc, por su parte, es una empresa mexicana con 30 años en el mercado de distribución de diésel y provee de combustible a gasolineras, autoconsumos, instalaciones agrícolas, mineras, navieras y cualquier otro sector productivo que lo requiera, según su página de internet. La empresa asegura además, que cuenta con pipas de cuatro mil a 20 mil litros para satisfacer la demanda.
Esta empresa también se encarga de gestionar los permisos ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Energía para que las empresas puedan tener tanques de autoconsumo de diésel en sus instalaciones.
Pharaoh International Products, Distribuidora de Combustibles Mil, así como Dalia Pilar Lamarque Picos, también han tramitado permisos ante la CRE para distribuir combustibles.
El magistrado consideró que los artículos 51, 53 y, principalmente, 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos cuarto y sexto transitorios del Decreto, son susceptibles de suspenderse porque son contrarios a los criterios de competencia.
Los artículos establecen que los permisos relacionados con el sector hidrocarburos pueden ser cancelados por la CRE y Sener, y que las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente ante un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
“Este Juzgado de Distrito advierte que los artículos que se analizan, podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, indicó el magistrado.
De acuerdo con el juez, estas modificaciones, en particular al artículo 57, otorgan una ventaja competitiva a Pemex en el mercado de los hidrocarburos.
“Al eliminar la posibilidad de que las empresas privadas puedan ser contratadas para manejar y controlar las instalaciones de los permisionarios que sean ocupadas, intervenidas o suspendidas, el artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, brinda exclusividad a Pemex y sus subsidiarias sobre este tipo de contrataciones”, señaló.
Añadió que este tipo de ventajas también pueden regresar a la petrolera el monopolio que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que implicaría “un retroceso” para el desarrollo del sector.
El juez Gómez Fierro añadió que la ejecución de los artículos transitorios podría dar lugar a la imposición de sanciones excesivas contra las empresas.
De acuerdo con el magistrado, la redacción de esta ley da pie a que los incumplimientos menores también sean sancionados con la revocación de permisos.
La suspensión provisional impide que la autoridad pueda revocar permisos, añadió. Gómez Fierro apuntó que la medida debe tener efectos generales.
Tras la publicación del decreto de la nueva Ley de Hidrocarburos, decenas de empresas del sector comenzaron a ampararse ante afectaciones a sus inversiones. Un día después de la entrada en vigor de la legislación, la International Chamber of Commerce (ICC) México, el organismo privado más grande del mundo, dijo que tenía registro de al menos 50 empresas que habían promovido una acción contra la reforma, y que esperaban que se sumarán más. Beatriz Marcelino, presidenta de Grupo CIITA, comentó a El Sol de México que la consultora tenía en portafolio al menos 100 amparos de sus clientes.
La especialista indicó que esta medida de suspensión de permisos y de tomar el control de instalaciones de permisionarios que incumplan las reglas, pone en riesgo el sector dado que ni las autoridades ni Pemex cuentan con la capacidad, personal o presupuesto para operarlas.
En abril, la CRE informó la cancelación de 125 permisos a empresas privadas que comercializan de petrolíferos, entre otras causas por tener más de un año sin operar. Marcelino refirió que estas decisiones además dañan al sector porque provocan incertidumbre entre inversionistas, lo cual es una pérdida de recursos y empleos en México.
Incluso comentó que los clientes de su consultora han anunciado la suspensión de inversiones para estaciones o almacenes ante la incertidumbre que hay en el país por el cambio de reglas.
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