Los desarrolladores de vivienda en México están más preparados y protegidos que hace seis años a cambios en la política nacional de vivienda posteriores a la elección presidencial de 2018, sostuvo Moody’s Investors Service.
La calificadora señaló que los tres desarrolladores de vivienda calificados en México - ARA, Cadu y Javer- están mejor posicionados que hace seis años para enfrentar una caída en el monto de subsidios para la adquisición de vivienda.
“El riesgo político aumentará hacia la elección presidencial de julio de 2018, pero ARA, Cadu y Javer se podrán adaptar rápidamente si México cambia repentinamente la política de vivienda y si la oferta hipotecaria de Infonavit se modifica de manera acorde”, agregó.
Moody’s prevé una campaña política con apoyo creciente para candidatos populistas, lo cual incentiva la volatilidad en los mercados de capitales y en la confianza del consumidor, por lo cual la postura de “esperar a ver” de los compradores potenciales debilitará temporalmente la demanda de vivienda.
Sin embargo, agregó, los desarrolladores de vivienda han demostrado su capacidad para controlar costos y ajustar su oferta de productos, aprovechando subsidios cuando se encuentran disponibles, o el fortalecimiento de la demanda de vivienda de precio más alto.
La calificadora internacional de riesgo crediticio apuntó que los cambios de política después de las elecciones presidenciales de 2012 generaron retrasos operativos que finalmente resultaron en incumplimientos de los desarrolladores de vivienda Geo, Urbi y Homex.
“Hoy, los desarrolladores de vivienda calificados cuentan con la liquidez suficiente para enfrentar cualquier riesgo externo, incluyendo cambios en la política nacional de vivienda posteriores a las elecciones de 2018”, subrayó.
En general, afirmó, los tres desarrolladores de vivienda calificados se podrán adaptar relativamente rápido si México cambia su política de vivienda en forma repentina y si la oferta hipotecaria de Infonavit se modifica de manera acorde.
La evaluadora internacional estimó que las consideraciones de riesgo político tomarán importancia a medida que se aproximen las elecciones presidenciales de México, en julio de 2018.
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