Cada año la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) eroga más de mil 200 millones de pesos para el pago de nómina, seguridad social y aguinaldo a sus trabajadores; es decir, destina a este rubro poco más del 70 por ciento del subsidio que recibe del gobierno federal y del presupuesto estatal, debido a los derechos “consagrados” en los contratos colectivos firmados cada año, y que contienen prestaciones que la federación no reconoce.
Esta es una de las razones por las que cada año la máxima casa de estudios solicite un “rescate financiero”, que para este año se estima sea de 250 millones de pesos solo para cubrir los 90 días de aguinaldo de los más de 3 mil empleados sindicalizados, además de lo que corresponde a los trabajadores de confianza. Según los cálculos de la propia UAEM, ha dejado de recibir hasta 300 millones de pesos por la eliminación de cuotas de inscripción desde 2016.
En 2020 la universidad recibió un “jalón de orejas” por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización (2018-4-99025-19-0163-2019 ASF), donde vienen observaciones por el orden de los 100 millones de pesos que fueron tomados del subsidio federal para el pago de sueldos y vales de despensa, ante esto se optó por recurrir a fondos extraordinarios cada fin de año.
Contratos colectivos
Ulises Flores Peña, abogado general de la UAEM, señala que son dos los contratos colectivos que sujeta la universidad, uno con el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), y otro con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM); el primero alberga a mil 200 trabajadores, mientras el segundo poco más de 2 mil, con prestaciones separadas y apegadas a sus necesidades.
“Se refieren a las prestaciones que no están reconocidas por la federación, dentro de esas tiene que ver con el reconocimiento de plantilla, derivado del crecimiento de matrícula que tuvo en años recientes. La federación no contraprestacionó el recurso para pagar a los docentes, y a los administrativos que se contrataron con la expansión universitaria en las diversas sedes”, señaló.
En el subsidio no está reconocido tal incremento generando un “hueco” financiero que comenzó en 2007, que en su momento fue de 200 millones de pesos, alcanzando los mil 500 millones de pesos, para en la actualidad descender a poco más de 600 millones de pesos.
Cada año la universidad y sus sindicatos realizan una revisión a las prestaciones que deberán tener un incremento acorde a la inflación y el salario mínimo en el país. En este último debido al incremento que aplicaron del 22 por ciento, alrededor de 300 empleados de las categorías de conserjes y auxiliar deportivo, obtienen un sueldo 7 pesos abajo del salario mínimo, que está en 172.8 pesos.
En 2022 el incremento salarial de administrativos fue del 7.5% en total, 3.5% al salario, y 4% en vales de despensa “entonces el subsidio que tenemos nos dicen solo incrementa el 3.5% al salario y no aumentes en prestaciones, sí, pero el poder adquisitivo va disminuyendo”.
Jugosas prestaciones
Los trabajadores sindicalizados tienen derecho a 90 días de aguinaldo, pero la federación sólo otorga un presupuesto para pagar 45 días. Desde 2015 el aguinaldo para el personal de confianza, que es de alrededor de 2 mil 200 empleados, entre administrativos y académicos, se limita a los 15 días, vacaciones apegadas a la Ley Federal del Trabajo.
“El aguinaldo, por ser el último que se paga al año viene a ser el gran compromiso a cumplir porque del presupuesto vas pagando, ya no hemos tenido el caso de 2018 en donde ya no hubo para el pago de 3 catorcenas en octubre generando una huelga del sindicato académico”.
Al año la máxima casa de estudios paga por nómina mil 200 millones de pesos para dar atención a más de 42 mil estudiantes de nivel medio superior y superior. Tan solo para cubrir el aguinaldo debe tener disponibles alrededor de 300 millones de pesos. Por subsidio federal y estatal la universidad ejerce cada año entre mil 600 a mil 800 millones de pesos.
Las prestaciones económicas a las que tienen derecho son vales de despensa, quinquenios a partir de los cinco años laborados, una prima vacacional, que son las que están ligadas al salario, pero existen otras.
Dos bonos de previsión social, en el caso de los trabajadores administrativos, que suman 15 mil pesos al año. Tres dotaciones de uniformes y de un par de lentes.
Crecen sindicatos
El mayor crecimiento que se ha tenido en el número de trabajadores sindicalizados fue en 2015, el administrativo pasó de mil a mil 200; el académico también aunque reconoce, con ellos no existe una cláusula de “admisión”, en donde no se puede contratar a personal que no pertenezca al sindicato.
Sin embargo, la universidad reconoce que existe incumplimiento en algunas cláusulas marcadas en el contrato colectivo, el motivo es que se privilegia el pago de la nómina antes que otras prestaciones que podrían esperar como uniformes ordinarios, dijo el abogado.
Refirió que también se han eliminado algunas prestaciones como vales de llantas; “ellos iban al negocio compraban las llantas con los vales y nosotros se las descontamos por nómina, lo que implicaba que yo universidad pagara directamente al proveedor. Esas prácticas no las hemos hecho vigente porque no tenemos solvencia”.
Este 2022 tiene pendiente 3 a 4 finiquitos a trabajadores jubilados también por falta de liquidez.
Necesarios, 250 mdp
Para este 2022 el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que solicitará un rescate financiero de 250 millones de pesos para cumplir con el pago de aguinaldo, nuevamente a través de un convenio “tripartita”, donde el gobierno del estado aporte la mitad y la otra mitad la subsecretaría de Educación Superior a nivel federal.
“Tenemos recursos para pagar la segunda catorcena de diciembre derivado de los ahorros que la universidad ha logrado, pero para el aguinaldo nos faltaría, vamos a gestionar otra vez recursos extraordinarios”, refirió Urquiza Beltrán.
Por su lado el secretario de Educación en la entidad, Luis Arturo Cornejo Alatorre, respondió que se está haciendo un “acompañamiento” a la gestión del rector para que finalmente se pueda hacer frente a este déficit financiero.
Paralelamente se solicitará al Congreso del Estado aumente al 2.5 o 3 por ciento el presupuesto de la máxima casa de estudios, que significarán más de 200 millones de pesos más anualmente.
El abogado general reconoce que no ha habido inversión en infraestructura en la universidad, pero no se han dejado de hacer trabajos de mantenimiento gracias a fondos federales, es el caso del reforzamiento de claustros en municipios como Axochiapan, Jonacatepec, Atlatlauhcan.
De no haber un recurso extraordinario la universidad caería en “impago”, que traería como consecuencia el estallamiento de huelga.
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