La planta en Morelos de la empresa japonesa Nissan podría cerrar definitivamente sus operaciones durante este año o a más tardar el próximo, prevé la base trabajadora de la armadora. Para los empleados, el inicio de ese fin fue el despido de 563 trabajadores que liquidaron irregularmente durante el mes de enero y lo que va de febrero.
Algunos de los empleados que ya fueron dados de baja aseguraron que existen rumores sobre una segunda fase de despidos que se llevaría a cabo entre abril y mayo. El número, detallaron, hasta ahora es indeterminado, pero con ellos la automotriz lograría echar abajo el contrato colectivo de trabajo, ya que la ley establece que para existir se necesitan al menos mil 200 trabajadores y esa es la cantidad que va a quedar tras los 563 despedidos.
La base trabajadora que se queda ha comenzado a vivir en la incertidumbre, pues el Sindicato no los está apoyando, e incluso colaboró con las autoridades de la automotriz para pagarles menos de lo que les corresponde de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, afirmaron.
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Hay inconformidad laboral
Roberto Flores, uno de los despedidos, afirmó que del total de liquidados, al menos 400 están luchando por sus derechos y en caso de no llegar a un acuerdo, podrían presentar denuncias ante el Centro Estatal de Conciliación de Morelos, ya que no se están respetando todas sus garantías así como acuerdos que se habían establecido con la empresa.
“Nos deben la parte de la prima de antigüedad porque no se entregó completa solo la mitad; de igual forma se nos tiene que liquidar los cuatro meses de convenio que tenemos que no se nos están respetando, porque sólo nos quieren dar tres meses y además, finiquitarnos como lo establece nuestro contrato colectivo de trabajo”, afirmó.
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Ese convenio que la compañía pasó por alto, según los trabajadores, establece que cada uno de ellos debe de recibir una liquidación del 115 por ciento y lo del ciento, así que todavía no está cerrado el caso y persiste la inconformidad entre los empleados que ya fueron despedidos.
En este mismo sentido, Vicente Rentería, representante legal de los despedidos, aseguró que haber permitido la liquidación incompleta de los empleados también es responsabilidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues esa institución debió vigilar que no se violentaran los se mismo convenio.
“Hacemos un llamado a las autoridades federales para que pongan atención a la liquidación de los trabajadores que faltan (95 el próximo viernes) y se cumpla con sus derechos económicos por lo menos. Qué por lo menos se vigile que sí les paguen como señala la ley. Por que no hay ninguna posibilidad de reinstalación para alguno de los empleados”, dijo el litigante.
Así que este martes sostuvieron una segunda reunión con los diputados locales Agustín Alonso y Ángel Adame para recibir apoyo en el proceso de la entrega completa de su liquidación.
Con información de Minerva Delgado
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