Ante el señalamiento que hizo la diputada Rosalina Mazari, de que los empresarios podrían incurrir en alguna responsabilidad por desvió de recursos al utilizar más de 31 millones de pesos del Fidecomp para la compra de cámaras de videovigilancia, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara de Comercio los Servicios y el Turismo de Cuernavaca, indicaron que tal determinación se tomó precisamente por la falta de apoyo de los diputados para resolver la inseguridad, por lo que habría que pedirle a los legisladores que se pongan a trabajar y hagan algo al respecto.

El presidente del CCE, Ángel Adame Jiménez, destacó que esa determinación se tomó entre el sector privado para mejorar la seguridad pública, algo que le corresponde al Congreso del Estado, pero ante el nulo apoyo por parte de éste, el sector empresarial busca con este tipo de proyectos apoyar a toda la ciudadanía, a la que los diputados han abandonado.

Por su parte, el presidente de la Canaco, Antonio Sánchez Purón, destacó que esta determinación de asignar poco más de 31 millones de pesos para la compra de cámaras de videovigilancia es para que el estado progrese.

Agregó que la experiencia que se tiene con los legisladores, como es el caso de Rosalina Mazari, es de un mínimo trabajo y muchas críticas en distintos foros, por ello la invitación a que se "pongan a trabajar junto con los empresarios para que den los resultados que los morelenses esperan".

Señaló el presidente de la Canaco que la legisladora está en su zona de confort al ser una diputada, por lo que aclaró que pese al señalamiento de Rosalina Mazari, el proyecto sigue adelante, no sin dejar de indicar que habrán de revisar legalmente lo que la diputada dijo acerca de realizarse la compra de cámaras con recursos del Fidecomp.

, ya que podría implicar alguna responsabilidad para ellos por desvio de recursos, por lo que tendrían que dar marcha atrás y entonces la diputada tendría que trabajar para que "nos dé la solución de cómo obtener los 31 millones de pesos para fortalecer el sistema de seguridad".

Sánchez Puron y Ángel Adame señalaron que la asignación de poco más de 31 millones de pesos para la compra de cámaras e infraestructura para la videovigilancia, pasó al pleno y al comité técnico del Fidecomp y fue aprobado y avalado por la Secretaría de Economía; pero falta ver si hay algun impedimento legar para que esto se concrete.

Esa determinación se tomó entre el sector privado para mejorar la seguridad pública, algo que le corresponde al Congreso del Estado