/ lunes 28 de marzo de 2022

Activistas rechazan leyes que no tengan respaldo del gobierno

Defensores sociales creen que mientras haya acoso de las autoridades un marco legal será letra muerta

Activistas en Morelos rechazaron el intento de diálogo que se dio para generar una ley a favor de defensores de derechos humanos y periodistas.

Norma Adriana Garduño Salazar sostuvo que mientras la autoridad estatal y federal continúe en ese afán de persecución y acoso no servirá ninguna ley que solo se queda en el papel.

En su opinión, dijo, a los gobiernos no les interesa el tema de la defensa de los derechos de periodistas y activistas y la prueba son los ocho asesinados en la entidad.

La mujer integrante del frente opositor contra el Proyecto Integral Morelos señaló que si se hiciera en verdad una ley que sirviera de protección y ayuda a los activistas y periodistas sería de gran ayuda, lo que permitiría cambiar la realidad que existe actualmente en Morelos.

Y apuntó: “Nosotros hemos visto que el mecanismo de protección se reduce únicamente a actuar de manera reactiva después de que los defensores hemos sido atacados; sin embargo, no vemos en la vida cotidiana una sola medida para acciones de prevención y mucho menos acciones contundentes que permitan recuperar nuestro tren de vida una vez que fuimos atacados”.

Lo que se intentó hacer es equivocado, destacó Garduño Salazar, porque no se debe trabajar para buscar concretar un marco legal, sino delinear una política pública integral que permite a la gente en general ejercer el derecho de conservar y defender cada quién su territorio. Porque los activistas, como toda la gente, al encabezar una causa se ven obligados a dejar su vida cotidiana para defender el territorio, añadió.

“Esas causas las siguen impulsando. El llamado Proyecto Integral Morelos (PIM) ha cobrado muchas vidas y está por empezar a cobrar desplazamiento”, ejemplificó la activista.

Aunque se presume que es “una política integral de atención, pero por un lado nos victimiza y por otro lado supuestamente quieren generar marcos jurídicos que no van hacer aplicados”.

Recordó incluso que desde hace diez años existe una ley de protección a personas defensoras y no hay una evaluación de ésta porque no se sabe cómo van los casos, menos una investigación seria y tampoco reparación del daño, pero sí hay impulso a proyectos de muerte.



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Activistas en Morelos rechazaron el intento de diálogo que se dio para generar una ley a favor de defensores de derechos humanos y periodistas.

Norma Adriana Garduño Salazar sostuvo que mientras la autoridad estatal y federal continúe en ese afán de persecución y acoso no servirá ninguna ley que solo se queda en el papel.

En su opinión, dijo, a los gobiernos no les interesa el tema de la defensa de los derechos de periodistas y activistas y la prueba son los ocho asesinados en la entidad.

La mujer integrante del frente opositor contra el Proyecto Integral Morelos señaló que si se hiciera en verdad una ley que sirviera de protección y ayuda a los activistas y periodistas sería de gran ayuda, lo que permitiría cambiar la realidad que existe actualmente en Morelos.

Y apuntó: “Nosotros hemos visto que el mecanismo de protección se reduce únicamente a actuar de manera reactiva después de que los defensores hemos sido atacados; sin embargo, no vemos en la vida cotidiana una sola medida para acciones de prevención y mucho menos acciones contundentes que permitan recuperar nuestro tren de vida una vez que fuimos atacados”.

Lo que se intentó hacer es equivocado, destacó Garduño Salazar, porque no se debe trabajar para buscar concretar un marco legal, sino delinear una política pública integral que permite a la gente en general ejercer el derecho de conservar y defender cada quién su territorio. Porque los activistas, como toda la gente, al encabezar una causa se ven obligados a dejar su vida cotidiana para defender el territorio, añadió.

“Esas causas las siguen impulsando. El llamado Proyecto Integral Morelos (PIM) ha cobrado muchas vidas y está por empezar a cobrar desplazamiento”, ejemplificó la activista.

Aunque se presume que es “una política integral de atención, pero por un lado nos victimiza y por otro lado supuestamente quieren generar marcos jurídicos que no van hacer aplicados”.

Recordó incluso que desde hace diez años existe una ley de protección a personas defensoras y no hay una evaluación de ésta porque no se sabe cómo van los casos, menos una investigación seria y tampoco reparación del daño, pero sí hay impulso a proyectos de muerte.



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