El fiscal general, Uriel Carmona Gándara, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de las señoras María Concepción y Amalia Hernández, puesto que señalaron que hay omisión en el tema de las fosas de Tetelcingo y es responsabilidad del funcionario; acompañadas por su abogado, dijeron que existe incluso negativa de al menos 10 ministerios públicos para investigar el caso, seguramente por las complicidades al interior de la dependencia.
En opinión de los familiares, el retraso del juicio en contra de funcionarios de la Fiscalía, quienes estuvieron involucrados en el caso, es intencional y es una razón para que el expediente no siguiera adelante, así como las investigaciones detenidas.
Cabe decir que los familiares de Oliver Wenceslado, quién fuera secuestrado, posteriormente asesinado y encontrado en las fosas de Tetelcingo, en un evento público destacaron la intención de generar protección a funcionarios por el caso donde fue exhumado su familiar.
No obstante, reiteraron que la acción en contra del fiscal es porque es el responsable de la institución, también resaltaron que incluso no ha sido una sola vez o personalmente, como se le ha pedido agilice el caso, pero a pesar de ello, no ha habido respuesta.
De encontrarse datos suficientes se podría decretar incluso una destitución por parte de la Fiscalía Anticorrupción, si en la investigación se encuentran estos datos por la comisión de un delito, deberá informar al Congreso para una suspensión o incluso su destitución, pero en caso de no hacerlo están supeditadas a un control jurisdiccional y en este caso, serían los jueces de control los que estarían revisando la omisión
Señaló el abogado de la familia, David Marroquin Ojeda.
Marroquin Ojeda resaltó que la evidencia en torno al tema existe, por lo que no hay explicación para que no funcione la investigación; "no puedo asegurar que sea un beneficio para una persona, pero lo que sí es cierto es que ha generado incertidumbre, incluso al interior de la Fiscalía, porque es compleja y ellos temen también por el compromiso que pueden tener con sus compañeros, con la misma institución, o hasta con personas o abogados que ellos mismos conocen, muchos ministerios públicos han rechazado la investigación, y por lo menos de 10 a 15 agentes del MP buscan cualquier pretexto para no estar a cargo".
A la fecha, expuso, al menos 42 públicos han sido requeridos por este caso según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por abuso de autoridad, violación a las leyes de inhumación, falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, entre otros; mientras la Fiscalía Morelos ha dicho que son solo dos funcionarios los responsables, pero no les han fincado ninguna responsabilidad penal.
