Cada una de las 5 salas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) mantiene entre 5 y 10 juicios por pagos pendientes de los 36 ayuntamientos de Morelos, los cuales, están a punto de solicitarse órdenes de arresto en caso de no cumplirse con el requerimiento, así lo informó el magistrado presidente Guillermo Arroyo Cruz.
En entrevista, Arroyo Cruz informó que en su mayoría estos asuntos fueron heredados de administraciones pasadas y forman parte de las obligaciones que deben de cumplir los actuales alcaldes.
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Agregó que, en caso de que se cumplan con los pagos correspondientes que yacen en los diversos juicios se ordena el retirar las medidas ordenadas por el TJA, situación que pasó recientemente con Tlaquiltenango, en donde el alcalde Carlos Franco Ruiz cumplió con el pago para evitar la destitución.
“En estas condiciones ya cercanas al arresto, probablemente sean entre 5 y 10 por sala, en diferentes municipios, todos tienen el problema de incumplimiento de sentencias, quienes son los que más alcanzan esto Tlaquiltenango, por ejemplo, está en un proceso de destitución ordenada por este Tribunal, pero autoridades del municipio vinieron y pagaron lo que debía, y nosotros le hemos ya ordenado al Congreso que deje sin efecto ese procedimiento que nunca llegó a la destitución del edil”, indicó Arroyo Cruz.
Señaló que, actualmente Puente de Ixtla con la alcaldesa Rosario Mazari también cumplió para evitar que sigan las medidas de apremio que emite el TJA, para obligar a que se pague lo requerido en los juicios.
“El llamado en general es a que los jurídicos de las diversas autoridades reciben cada uno de los expedientes y puedan plantear a sus titulares una estrategia jurídica de defensa adecuada para cada caso y que no dejen que se llegue a estos momentos”, indicó el magistrado presidente.
Como esta situación se ha vivido recientemente con la actual directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) Evelia Flores quien heredó una deuda de 271 mil pesos de la administración pasada a una empresa encargada de dar mantenimiento a las bombas de los pozos de agua y que puede derivar en el arresto por 12 horas de la funcionaria estatal.
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