La victoria electoral del actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo estuvo sustentada en una frase: "Graco irá a la cárcel"; independientemente de la simpatía que tenía como ex futbolista, la promesa de encarcelar a su antecesor caló hondo entre la gente harta de una gestión donde el abuso del poder, el dispendio y el enriquecimiento familiar fue constante y evidente.

Morelos era entonces una tierra de exfuncionarios corruptos que debían ser señalados y llevados a la cárcel. Sin embargo, en la tierra de corruptos nada ha pasado, y todo parece indicar que el tiempo es el aliado para hacer realidad una promesa electoral que nunca se cumplirá.

A más de un año, con más de 60 denuncias y expedientes abiertos en contra de exfuncionarios perredistas, no ha pasado nada. Sólo procedimientos tenues, y endebles de exfuncionarios menores que han tardado más en llegar a la audiencia que ser absueltos.

En todo este tiempo los pretextos, argumentos y explicaciones triviales han sido reiterados, y el Ejecutivo que hoy enjuicia, acusa que es la fiscalía anticorrupción cuyo titular fue designado por el anterior gobernador, el que se niega a endurecer los procedimientos y evitar que los responsables de haber quebrado económicamente al estado de Morelos puedan ser enjuiciados.

Cuando se acaban los argumentos, señalan desde el gobierno estatal que es el Poder Judicial, porque son los jueces que no hacen bien su papel, y hasta han deslizado que son los que se venden al mejor postor por lo que han pedido a la fiscalía general investigarlos.

NOSOTROS YA HICIMOS NUESTRA PARTE: CONSEJERO

Sobre esto, el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado dejó en claro que como Poder Ejecutivo han hecho lo que les corresponde, presentando las denuncias y aportando los elementos de prueba.

"En realidad quien tiene la obligación de llevar a cabo todos los actos de investigación es el Ministerio Público, hemos tenido diversas reuniones con el fiscal, con los ministerios públicos, hemos aportado absolutamente todo y bueno, tal vez falte personal en la institución, pero lo que corresponde a nosotros, hemos aportado todo lo que está a nuestro alcance".

En el caso de la consejería, tiene en curso alrededor de 60 denuncias contra exfuncionarios y otras más iniciadas por otras instancias, aunque en su opinión hay varias importantes en las que se está trabajando derivado de una revisión que se hizo en la secretaría de hacienda, solamente en esa área son 12.

Pero si en algún momento se dijo que Morelos era el paraíso de la corrupción provocado por otros exfuncionarios, porque al momento no se ha castigado al mayormente señalado exgobernador, Samuel Sotelo aceptó que ha sido un poco complejo el tema, pero algunos exsecretarios y exfuncionarios y de un nivel hacia abajo están vinculados a proceso, y faltan otras carpetas para judicializarse y estamos en manos del Poder Judicial.

Y es que por un lado está la investigación que lleva a cabo el ministerio público, con algunos criterios que no se comparten de los jueces, y ha sido complicado avanzar en las denuncias.

UN AÑO Y EL DISCURSO CAMBIÓ

Apenas el pasado 14 de febrero, la declaración del asesor en materia anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita, para muchos fue un aviso de que no todo era corrupción en el pasado gobierno, y si hubo, lo escondieron muy bien, porque al parecer la promesa de meter a la cárcel a Graco Ramírez se esfuma poco a poco.

Y advirtió lo que en realidad el gobernador, Cuauhtémoc Blanco quiso decir cuando se refería a Graco Ramírez, es que haría todo lo que estuviera en sus manos para someter a proceso a su antecesor, "pero nunca dijo que lo iba a meter a la cárcel", como se interpretó.

Porque lo único que se ha hecho en más de un año, es abrir al menos 60 denuncias por irregularidades ante la autoridad competente.

Justo unas horas antes del informe del mandatario morelense, el funcionario aclaró que el asunto de enjuiciamiento va muy avanzado; "aunque en realidad, en aquella época (en campaña) el hoy gobernador cuando hablaba sobre el tema, se refería a someter a proceso el exgobernador; es muy común que se confunda el meterlo a la cárcel a someterlo a proceso, porque finalmente pudiese darse el caso que los delitos de los cuales está siendo imputado, con este nuevo sistema de justicia adversarial, no haya una prisión preventiva como tal, sin embargo, creo que el gobernador ha cumplido a pie con lo que prometió".

EL FISCAL SE NIEGA HABLAR

Con el objetivo de conocer su opinión ante la entidad en el avance de las denuncias en contra de exfuncionarios, el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez se negó a informar sobre el trabajo que se está haciendo.

No obstante, está más interesado en su pelea jurídica y legal con los integrantes del consejo ciudadano del sistema estatal anticorrupción.

Como exconsejero jurídico de Graco Ramírez, posteriormente fue empujado por el exgobernador, para ocupar la fiscalía anticorrupción y por eso ha sido señalado de actuar con interés para evitar que las denuncias avancen o incluso fracasen.