La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), Penélope Picazo Hernández informó que al menos 600 familias están en riesgo de quedarse sin la medida de ayuda que otorgan, esto luego de que la Secretaría de Administración a cargo de Sandra Anaya no aprobó la integración de defensoría.
Picazo Hernández atribuyó esta situación a un probable tema personal con la funcionaria pública: "Estamos muy preocupados debido a que el volumen (de víctimas) se incrementó. Se va a ver complicada la operación de la comisión para mantener el ritmo que hemos logrado hasta el momento, porque el presupuesto para el próximo año es limitado", expresó.
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La titular de la CEARV señaló que, dentro de la comisión se consideró abrir 18 plazas para asesores jurídicos, psicólogos y trabajadores sociales, sin embargo, dada la determinación de la funcionaria estatal se negó la propuesta.
"Se debe a que la Secretaría de Administración no aprobó la estructura que requería, ya teniendo la suficiencia presupuestal y teniendo ya un visto bueno por escrito de desarrollo organizacional, el mismo día de la sesión salió y mandó un oficio en el que decía que dejaba sin efectos el anterior", informó.
Además dijo que Sandra Anaya comentó que por la carga de trabajo que tienen será hasta en un año cuando vuelvan a analizar la propuesta de la CEARV.
"Estoy molesta porque ha sido mucho el trabajo, la creatividad y el impulso que le hemos puesto a este trabajo y que por un tema burocrático de la Secretaría de Administración nos echen para abajo una estructura", indicó.
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