Integrantes de diversas asociaciones en el estado de Morelos hicieron un llamado a las autoridades electorales para que se cumpla con lo estipulado en la Ley denominada 3 de 3, para evitar que personas deudoras alimentarias, así como quienes han sido señalados de ejercer violencia, participen en el proceso electoral del 2024.
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Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa la mañana del miércoles 27 de diciembre, por la presidenta de la Asociación de Jueces Jubilados del Estado de Morelos, María Leticia Agüero, quien señaló que es determinación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) observar esta situación.
“Manifestamos nuestra posición y hacemos un exhorto a las autoridades electorales como el Impepac, así como a todos y cada uno de los partidos políticos y, en especial, a las precandidatas al gobierno del estado; en la selección de todos los aspirantes o precandidatos a los municipios y diputaciones locales de elección popular en la entidad, que pongan atención estricta a lo que marca la ley 3 de 3”, puntualizó María Leticia.
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La exjueza del Poder Judicial recordó que fue en mayo de 2023 cuando el Senado de la República expidió el decreto de ley que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para evitar que morosos alimentarios y aquellos que ejerzan cualquier tipo de violencia hacia un hombre o una mujer se inscriban como aspirantes a cargos de elección popular.
“Por tal motivo, como ciudadanos e impartidores de la justicia que fuimos, hoy manifestamos nuestra posición; primero, el respeto irrestricto en la aplicación de la ley, y en paralelo a esto, el respeto a los derechos de las mujeres para una vida libre de violencia, como lo marca el decreto referido 3 de 3, toda vez que las personas que se encuentran dentro de esta hipótesis están impedidas para ocupar algún cargo de representación popular”, agregó.
Por su parte, Tania Hortensia Jiménez Guadarrama, presidenta de la Asociación de Abogadas del Estado de Morelos, señaló que no se requiere de una sentencia por parte de la autoridad judicial en estos hechos, pues en cuanto se tenga el procedimiento en curso, el o la implicada ya no podrá aspirar a contender en las elecciones.
“No se requiere una sentencia para que así no pueda ser inscrito. En los procedimientos de orden familiar existen las medidas de orden provisional, entre ellas, la condena a alimentos y, en el momento en que no se cumple, se puede ingresar al Registro Nacional de Deudores”, externó.
Señaló que esta situación alcanza tanto a hombres como a mujeres, tanto a quienes ejercen violencia como a quienes no pagan la pensión de sus hijos.
También exhortaron a las aspirantes a la candidatura para el gobierno del estado, Margarita González, Lucía Meza y Jessica Ortega, a revisar el Registro Nacional para evitar tener entre su equipo de trabajo a personas que han incurrido en dichos actos.
Por último, propusieron que cada aspirante acuda al registro civil para solicitar la constancia de que están en cumplimiento de estos requerimientos.