Avala SCJN el Mando Coordinado

El máximo tribunal consideró que los actos reclamados por el Municipio son improcedentes

Israel Mariano

  · lunes 8 de abril de 2019

La SCJN avaló los argumentos del gobierno estatal y rechazó la controversia del Ayuntamiento capitalino/ Archivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la demanda de controversia constitucional del municipio de Cuernavaca mediante el cual pretendía oponerse al decreto que dictaba la aplicación del proyecto de Mando Único para la capital morelense por parte del gobierno del estado; el máximo tribunal desechó por completo la demanda del municipio.

Desde el pasado 21 de enero, el alcalde capitalino Antonio Villalobos Adán, daba a conocer su desacuerdo por la pretensión del ejecutivo de asumir el mando de la policía, por lo que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ese decreto publicado desde el gobierno estatal anterior.

El edil capitalino advirtió que ante la falta de resultados del gobierno del estado en materia de seguridad pública, era necesario que el municipio se hiciera cargo de la seguridad. Sin embargo a este exigencia por la vía de la controversia, con número 51/2019; "se desecha de plano la controversia constitucional promovida por quien se ostenta como Presidente Municipal de Cuernavaca".

El máximo tribunal consideró que los actos reclamados del municipio son improcedentes, y, por el contrario, el argumento del gobierno estatal encabezado por Cuauhtémoc Blanco son vigentes, “decreto a través (sic) del cual se emite la declaratoria mediante la cual se asume por el gobernador constitucional del estado de Morelos, de manera inmediata y temporal, el mando policial municipal de Cuernavaca, Morelos; como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves del orden publico suscitadas a recientes fechas”, según lo publicado en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” ejemplar 5358, de la Sexta época, el pasado tres de enero de 2016.

DETERMINACIÓN

El máximo tribunal consideró que los actos reclamados por el municipio son improcedentes, y, por el contrario, los argumentos del gobierno estatal se encuentran vigentes.

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