La administración 2022-2024 encabezada por José Luis Urióstegui Salgado enfrenta dos deudas millonarias por el servicio de recolección, traslado y destino final de los desechos sólidos de Cuernavaca, rezagadas desde el 2010; una es a la empresa Promotora Ambiental de Cuernavaca (PASA) por 38 millones de pesos y la segunda a Transmocasa SA de CV por 20 millones de pesos.

El alcalde de Cuernavaca debe pagar un juicio laboral generado desde la administración 2015-2018 que ahora asciende a 16 millones 639 mil 842 pesos a favor de la empresa recolectora de basura Transmocasa S.A. de C.V.

En 2018 el monto era de 70 millones de pesos debido a que el Ayuntamiento no pagó las facturas del servicio que esa compañía ya había prestado a favor del municipio, por lo que en ese tiempo solicitó el pago inmediato.

Bajo el número de expediente TJA/3AS/212/2016, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenaron al Ayuntamiento el pago de esa deuda, pero la sentencia fue ignorada así que se llegó hasta la ultima medida de apremio y se determinó destruir a varios miembros del cabildo.

Sin embargo, las entonces autoridades municipales acordaron pagar 15 millones de pesos y posteriormente 20 millones más como lo exigía Transmocasa, pero nunca se informó de dónde salieron los recursos para evitar el cumplimiento de la sentencia.

Incluso el abogado Enrique Paredes Sotelo, representante legal de la empresa, se negó a hablar de montos económicos para evitar poner en riesgo a los propietarios de la compañía.

“Ganamos los juicios y ahorita estamos en la etapa de ejecución, de hecho desde el trienio pasado, con Antonio Villalobos, ya estábamos impulsando para que se pudiera llegar a la destitución del cabildo, pero no se alcanzó y continuamos con esta administración porque no se ha pagado la recolección de basura”, mencionó.

Sin embargo, se logró saber que durante la administración 2018-2021 las autoridades de Cuernavaca pagaron parte de la deuda, que para ese entonces era de 20 millones de pesos, pero todavía se deben 16 millones 639 mil 842 pesos.

Esta cantidad se encuentra desglosada en los expedientes TJA/1aS/169/2019, TJA/1aS/138/2019, TJA/1aS/161/2019 y TJA/1aS/146/2019.

En caso de que el actual presidente municipal no solvente el pago, podría generarle complicaciones a su administración, pues el TJA se vería obligado a agotar los procedimientos de apremio y ordenar su destitución, aunque confían en que no será así.

“La cantidad es bastante fuerte para las arcas del municipio, el caso está en ejecución de sentencia y no les puedo decir el monto. El alcalde Urióstegui tendrá que atenderlo; él es abogado de formación, el comprende todos estos temas y espero que sea atendido conforme a la sentencia y la pertinencia del pago”.

Por ahora el asunto está siendo del conocimiento de la nueva administración municipal, pues los nuevos dirigentes tomaron posesión el pasado 1 de enero y están enterándose de todas las deudas que se tienen, pues en el TJA existen otros laudos laborales por diferentes motivos que también dejaron las administraciones pasadas.

Detecta cabildo un promedio de 300 millones de pesos en deudas

Al requerir cumplir esta misma semana con el adeudo a PASA, el Ayuntamiento solicitará al Congreso del estado una ampliación presupuestal.

En sesión extraordinaria de cabildo, José Luis Urióstegui Salgado explicó que han detectado, de manera formal, un promedio de mil 300 millones de pesos en deudas, algunas pactadas con instituciones bancarias que son cerca de 220 millones de pesos, mientras que otras son consecuencias de juicios ejecutivos, laborales, civiles y algunas por prestación de servicios.

Sin embargo, aclaró que existe un tema en particular por el cual acudirán este mismo lunes al Congreso del estado a solicitar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento de algunas sentencias que urgen atender, como es el caso de PASA.

La Consejería Jurídica explicó que este caso cuenta ya con una sentencia firme y debido a que PASA no ha recibido el pago que le han propuesto, ha llevado a la ejecución de la misma, requiriéndoles el Juzgado Segundo Civil que dentro de un plazo de 10 días hábiles, que concluye este miércoles, paguen a la parte actora la cantidad de 38 millones 950 mil pesos que se le adeuda, vinculando al Poder Legislativo.

“Se hizo la gestión ante la Tesorería y el tesorero ha contestado que no existe el recurso económico en las arcas municipales para hacer el pago reclamado, por lo tanto lo procedente es acudir al Congreso del estado a solicitar esa suficiencia presupuestal para hacer frente a esta contingencia”.

Urióstegui Salgado pidió a las y los regidores que con la coincidencia de militancia con algunos partidos representados en el Congreso les ayuden a obtener una vinculación con el objetivo de alcanzar los mejores resultados.

Con información de Susana Paredes

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