La Corte admitió la acción de inconstitucionalidad 135/2019 promovida por las siete diputadas del Frente Progresista de Mujeres contra la aprobación del decreto que modifica el Presupuesto de Egresos 2019 del Poder Ejecutivo, reasignando recursos al Poder Judicial para el pago de 116 jubilaciones y pensiones.

Esto luego que el 6 de noviembre, 13 legisladores locales aprobaron el decreto 502, por el que se reforman diversas disposiciones del decreto 76 mediante el cual se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 2019, asignándole una partida presupuestal de 26 millones 33 mil 760.37 pesos a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de decretos pensionatorios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el máximo órgano judicial del país Suprema, en la controversia constitucional 128/2017.

En este sentido, las legisladoras Rosalinda Rodríguez Tinoco, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Naida Josefina Díaz Roca, Maricela Jiménez Armendáriz, Erika García Zaragoza, Keila Celene Figueroa Evaristo y Blanca Nieves Sánchez Arano, solicitaron la invalidez del decreto, el cual anteriormente había advertido estaba viciado de origen al no haber obtenido la aprobación de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como del Pleno, que en su momento era de 14 sufragios.

Cabe mencionar que el Poder Judicial también se pronunció ante las irregularidades detectadas en el proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación del decreto antes mencionado, a lo que el Alto Tribunal manifestó no prejuzga ni emite pronunciamiento alguno en torno a las formalidades que rigen al procedimiento legislativo del estado.