El Congreso de Morelos no sólo parece inoperante por la dificultad que tiene para llegar a acuerdos, además, es el tercero en el país con mayor presupuesto por legislador, de acuerdo con el Informe Legislativo del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que ubica en 22 millones 500 mil pesos la relación entre el monto destinado a la cámara, y el número de diputados, 20; también es el cuarto en el país más caro en términos de costo por habitante, alcanzando los 222 pesos.
Además el documento revela que los diputados de Morelos destinaron 21 millones 916 mil pesos a “ayudas sociales”, lo que se traduce en recursos para compra de medicinas, despensas, apoyos para transporte, uniformes deportivos y todo un catálogo de bienes que los legisladores entregan a ciudadanos que se acercan a ellos, como si se tratara de oficinas de política social del Poder Ejecutivo.
La LIV Legislatura en Morelos llegó el primero de septiembre de 2018. En aquella jornada inaugural fueron generosos en las promesas de acabar con la corrupción, la impunidad y la opacidad que caracterizaron a sus antecesores.
Las promesas parecían diluirse cuando decidieron un incremento de 50 millones de pesos en el presupuesto 2019, y etiquetaron adicionalmente 18.5 millones de pesos para la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Pretextaron un déficit de 90 millones de pesos que padecían, junto con adeudos diversos con el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos cuyas cuotas omitieron sus antecesores, entre otros pasivos que les fueron heredados, refirieron diputados de Morena.
Pese a ello, la reducción de 30 diputados en la LIII a sólo 20 en la LIV Legislatura presumía ser un ahorro que permitiría enfrentar los pasivos rápidamente. Eso no ocurrió, el 42 por ciento del presupuesto del Congreso en el 2018 fue a servicios personales, equivalente a 156 millones de pesos. Y aunque sirvió como argumento para pedir incremento presupuestal en el 2019, ya en el 2018 el Congreso había destinado el 17 por ciento de su ingreso al pago de deuda pública, más de 73.5 millones de pesos, según revela el Informe Legislativo del IMCO.
Un problema adicional del Congreso local fue el sobreejercicio presupuestal del 8%, aunque para el 2018 se aprobaron 400 millones de pesos, realmente se devengaron 430 millones 559 mil 272 pesos; una parte importante de ello se acumuló en pasivos que deben pagarse durante esta Legislatura.