Frente al próximo regreso a clases, la Comisión de Derechos Humanos consideró que la decisión involucra la responsabilidad ineludible del Gobierno de satisfacer en la mayor medida posible el derecho a la salud y el derecho a la educación de todas y todos, pues dichas prerrogativas constituyen pilares fundamentales en el desarrollo integral de las personas y de la sociedad.

Resulta imperioso que el Poder Ejecutivo de la entidad, apuntó Hernández Cruz, comparta con la sociedad el plan estratégico que se seguirá en la gestión del regreso a clases, asegurando a todas las personas involucradas la protección más amplia de sus derechos fundamentales, mismo que deberá incluir como mínimo las directrices siguientes:

Proveer los insumos necesarios para la limpieza y sanitización a las más de 3,500 escuelas de Morelos, implementando todas las medidas de salud, entre las que se destacan el suministro de cubrebocas gratuitos al alumnado, al personal docente y administrativo, así como gel antibacterial, sanitizante y agua potable en todos los espacios educativos de la entidad. Garantizar que el transporte público cumpla con todas las medidas sanitarias, brindando apoyos y subsidios para las y los estudiantes del estado. Otorgar incentivos tanto a las y los estudiantes que regresen a las aulas (uniformes, útiles escolares, descuentos en el transporte público, y, en su caso alimentación en las escuelas de tiempo completo), así como a las y los alumnos que continúen en la modalidad a distancia (equipos de cómputo, dispositivos móviles y/o acceso a internet), con el objeto de minimizar las brechas de aprendizaje que pudieran generarse.