Conflicto en Anticorrupción, en manos de jueces: Samuel Sotelo

El secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que el conflicto entre las fiscalías General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) deberá resolverse en los tribunales correspondientes, y descartó que el Poder Ejecutivo sirva como intermediario para sentar a ambas partes para establecer los acuerdos correspondientes.

“Hasta dónde sabemos son temas que están en tribunales y la autoridad judicial tendrá que determinar la titularidad en esa Fiscalía Anticorrupción”, dijo Sotelo Salgado en entrevista con medios de comunicación.

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Cabe señalar que cuando Carlos Andrés Montes Tello estaba como encargado de despacho de la FGE, nombró a Isaías Rodríguez Moreno como nuevo fiscal anticorrupción; sin embargo, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal adjunto anticorrupción, solicitó un amparo para regresar a sus funciones como encargado de despacho de ese organismo ante la ausencia de Juan Salazar Núñez.

En este sentido, Sotelo Salgado insistió que serán los tribunales los encargados de resolver la disputa por la titularidad de la FECC, y agregó que “tenemos la información de que sí, al parecer, fue el tema de las propias fiscalías (y) son asuntos que ellos traen”.

Cuestionado sobre la existencia de más carpetas de investigación contra funcionarios de la FGE, el encargado de la política interna del estado aseguró desconocer tal situación hasta el momento, ya que “no sabemos, eso lo sabe la Fiscalía y el Poder Judicial”, agregó.

Cabe señalar que recientemente la FECC giró una orden de aprehensión en contra de Homero “N”, coordinador general de Administración de la FGE, uno de los más cercanos al fiscal de justicia Uriel Carmona Gándara, la cual cumplimentó recientemente en Cuernavaca.

A este funcionario se le acusa de los delitos de Incumplimiento de Funciones Públicas, Ejercicio Abusivo de Funciones, Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Coalición, por los cuales fue imputado y dejado en prisión preventiva por los próximos días para definir su situación jurídica por la respectiva autoridad judicial.

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