/ domingo 27 de marzo de 2022

Corrupción en juzgados extiende la violencia vicaria, aseguran

El caso de Colby Kilcommons, podría ser un caso similar al de las niñas Maía y Gal, cuyo padre de origen israelita trató de sacarlas del país

Colby, de origen canadiense, se declara como víctima de violencia vicaria en la Morelos, pues sigue sin poder ver a su hijo de dos años de edad sustraído por su expareja Héctor N, trabajador de una dependencia estatal.

Este podría ser un caso similar al de las niñas Maía y Gal, cuyo padre de origen israelí trató de sacarlas del país supuestamente valiéndose de corrupción al interior del Poder Judicial de Morelos, ya que en este asunto, con todo y que el funcionario presuntamente golpeó a Colby, la defraudó y sustrajo a su hijo, el juez familiar que atiende el caso no le ha permitido convivir con éste.

Con un muy limitado español, la canadiense aseguró que llegó a Miacatlán a vivir hace cuatro años y afirmó que dejó todo en su país para vivir en México con Héctor, pero al poco tiempo se dio cuenta de varias mentiras, entre ellas que la casa que habían construido estaba a nombre de sus hermanos y no de él ni de ella.

Presentó una denuncia por fraude bajo el número de expediente JO-UEDD/201/2022 y más tarde su expareja le solicitó el divorcio. En una primera instancia el juez le concedió la custodia de su hijo, pero en enero pasado Héctor lo sustrajo.

“Dijo que yo estaba viviendo ilegalmente en la casa de sus hermanos y eso es mentira, y el día que vino con la Policía, el DIF y su familia robó a mi hijo de 23 meses de edad”, relató.

También afirmó que sobrevivió “sin dinero y yo no podía volver a Canadá para mantenerme a mí y a mi hijo. Él sobornó a funcionarios, jueces, mis abogados y policías para mantener alejado a mi hijo durante 71 días”. Pero también la amenazó de muerte e incluso golpeó al padre de Colby.

“Quiero mucho a mi hijo y nunca dejaré de luchar por él y no me callaré. Lucharé por todas las mujeres y madres porque este sistema no debe defender y proteger al padre que es corrupto y poderoso; abusa mental y psicológicamente de los niños para que no vean a sus madres que son todo su mundo”, declaró.

En las audiencias familiares el juez de la causa omitió asignarle un perito traductor a Colby, por lo que ahora solicita la intervención de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del Gobierno de Morelos, para que pueda recuperar a su hijo y se haga justicia en el caso de fraude.

Se tiene programada una audiencia por cuanto al delito patrimonial que, en caso de ser juzgado conforme a derecho, podría repercutir en el enjuiciamiento del funcionario estatal e incluso ser enviado a prisión, lo que significaría que ella pudiera mantener la custodia del infante.

“El juzgado familiar ha informado que, si el juzgado penal lo manda a prisión automáticamente, ordena regresar la guardia y custodia a favor de Colby. Es omiso, porque el juez no debe de esperar la resolución de otro tribunal para dictar una resolución apegada al interés superior de la niñez”, dijo el abogado.

El litigante coincidió en que Héctor se ha valido del tráfico de influencias para mantener la custodia. Y destacó que este caso podría equipararse al de las niñas México-israelitas, pero con la diferencia que quien ahora ejerce corrupción es un propio mexicano en perjuicio de una extranjera, afectado a un infante.


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Colby, de origen canadiense, se declara como víctima de violencia vicaria en la Morelos, pues sigue sin poder ver a su hijo de dos años de edad sustraído por su expareja Héctor N, trabajador de una dependencia estatal.

Este podría ser un caso similar al de las niñas Maía y Gal, cuyo padre de origen israelí trató de sacarlas del país supuestamente valiéndose de corrupción al interior del Poder Judicial de Morelos, ya que en este asunto, con todo y que el funcionario presuntamente golpeó a Colby, la defraudó y sustrajo a su hijo, el juez familiar que atiende el caso no le ha permitido convivir con éste.

Con un muy limitado español, la canadiense aseguró que llegó a Miacatlán a vivir hace cuatro años y afirmó que dejó todo en su país para vivir en México con Héctor, pero al poco tiempo se dio cuenta de varias mentiras, entre ellas que la casa que habían construido estaba a nombre de sus hermanos y no de él ni de ella.

Presentó una denuncia por fraude bajo el número de expediente JO-UEDD/201/2022 y más tarde su expareja le solicitó el divorcio. En una primera instancia el juez le concedió la custodia de su hijo, pero en enero pasado Héctor lo sustrajo.

“Dijo que yo estaba viviendo ilegalmente en la casa de sus hermanos y eso es mentira, y el día que vino con la Policía, el DIF y su familia robó a mi hijo de 23 meses de edad”, relató.

También afirmó que sobrevivió “sin dinero y yo no podía volver a Canadá para mantenerme a mí y a mi hijo. Él sobornó a funcionarios, jueces, mis abogados y policías para mantener alejado a mi hijo durante 71 días”. Pero también la amenazó de muerte e incluso golpeó al padre de Colby.

“Quiero mucho a mi hijo y nunca dejaré de luchar por él y no me callaré. Lucharé por todas las mujeres y madres porque este sistema no debe defender y proteger al padre que es corrupto y poderoso; abusa mental y psicológicamente de los niños para que no vean a sus madres que son todo su mundo”, declaró.

En las audiencias familiares el juez de la causa omitió asignarle un perito traductor a Colby, por lo que ahora solicita la intervención de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del Gobierno de Morelos, para que pueda recuperar a su hijo y se haga justicia en el caso de fraude.

Se tiene programada una audiencia por cuanto al delito patrimonial que, en caso de ser juzgado conforme a derecho, podría repercutir en el enjuiciamiento del funcionario estatal e incluso ser enviado a prisión, lo que significaría que ella pudiera mantener la custodia del infante.

“El juzgado familiar ha informado que, si el juzgado penal lo manda a prisión automáticamente, ordena regresar la guardia y custodia a favor de Colby. Es omiso, porque el juez no debe de esperar la resolución de otro tribunal para dictar una resolución apegada al interés superior de la niñez”, dijo el abogado.

El litigante coincidió en que Héctor se ha valido del tráfico de influencias para mantener la custodia. Y destacó que este caso podría equipararse al de las niñas México-israelitas, pero con la diferencia que quien ahora ejerce corrupción es un propio mexicano en perjuicio de una extranjera, afectado a un infante.


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