De 2018 a octubre de 2022, La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos ha atendido un total de 2 mil 369 denuncias para investigar y, en su caso, sancionar a quienes han cometido actos de corrupción.

Hasta ahora se han judicializado 705 carpetas en contra de servidores públicos que han cometido algún acto de corrupción, es decir, 29.76 por ciento de la cifra total de denuncias, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía bajo la solicitud de información con Folio 171565222000058 realizada por esta casa editorial.

Poco se ha logrado por parte de la Fiscalía para sancionar a funcionarios o exfuncionarios públicos que principalmente han cometido el delito de peculado, desvío de recursos, malversación de fondos o cualquier otro asociado con el mal manejo de los recursos públicos. Actualmente solo se encuentra en prisión un exfuncionario a quien todavía falta determinarse, de acuerdo con el proceso que se lleve a cabo, si permanecerá en prisión o logrará su libertad.

Por el presunto desvío de recursos cometidos por cinco exsecretarios y exsecretarias de despacho en el período de 2012 al 2018, seis expresidentes municipales y un exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se tiene un daño al erario público de alrededor de 718 millones 360 mil pesos.

Sobre estos desvíos, que van del millón hasta los cientos de millones de pesos, solo el exalcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos permanece en prisión, el exrector de la UAEM, Alejandro “N” está prófugo y los demás enfrentan su proceso en libertad.

UAEM

El caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es uno de los más graves, pues concentra un desvío de recursos de entre 450 y 600 millones de pesos, cometido presuntamente por el exrector Alejandro “N”.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción existen dos carpetas de investigación contra el exrector: una por enriquecimiento ilícito y la otra por peculado.

Él, junto con el extesorero de la máxima casa de estudios, Eduardo Sotelo, son acusados de haber firmado un contrato de crédito por 600 millones con el Banco Interacciones en 2014; sin embargo, para 2019 los acusados modificaron los términos del contrato para ampliar su vencimiento a 2022 y reducir la cifra inicial del préstamo a 450 millones. Fue así como el exfuncionario y su tesorero presuntamente pagaron los 450 millones al banco con los recursos de la universidad.

Hace unas semanas, El Sol de Cuernavaca dio a conocer que el exrector cobra aún una pensión mensual de aproximadamente 20 mil pesos a través de un tercero, pago que no se le puede negar, aunque no haya resarcido el daño provocado a las finanzas de la UAEM.

Actualmente existe una recompensa de alrededor de 100 mil pesos para quien brinde información para la localización de Alejandro “N”, sin que hasta ahora se haya tenido éxito.

¿Pero quiénes están en la cárcel?

Hasta ahora quien permanece en prisión por algún ilícito relacionado con la malversación de recursos es Antonio Villalobos Adán, exalcalde de Cuernavaca; tras configurarse el delito abusivo de funciones se determinó para este exfuncionario la prisión preventiva por el presunto desvío de 9 millones de pesos de las cuotas que se descontaron a los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y que no fueron pagadas al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM).

Villalobos Adán fue detenido el 28 de septiembre de 2022; en esa misma fecha, junto con el alcalde también ingresaron a prisión dos regidores más acusados por el mismo delito: Anayelli Rodríguez y Enrique Güemes, posteriormente se configuró el mismo delito para un tercer regidor, Jesús Martínez, quien también fue detenido e ingresado al penal de Atlacholoaya junto a los demás exfuncionarios municipales, sin embargo ellos alcanzaron su libertad mediante el recurso de “criterio de oportunidad”.

Este tema aún está en curso y se prevé que por los tiempos legales Antonio Villalobos esté en presión cuando menos dos meses más.

¡La libró!

La exsecretaria de Obras Públicas del gobierno estatal durante el mandato de Graco Ramírez Garrido Abreu (2012- 2018) fue una de las exfuncionarias que estuvo en prisión por alrededor de siete meses acusada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haber designado de manera directa el contrato por la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores de la UAEM en Jojutla, más tarde se descubrió que la empresa no existía, por lo que hubo una supuesta malversación de más de 70 millones de pesos.

Sin embargo, el 9 de septiembre de 2022 quedó en libertad debido a que su defensa presentó la documentación en donde prueba que las firmas presentadas en documentos por el exsecretario de Obras (2018-2020), Fidel Jiménez fueron fotocopiados.

El proceso, según dice la Fiscalía Anticorrupción, aún no termina e irán a la apelación sobre la determinación del Juez.

Pero éste no es el único caso que pesa sobre la secretaría de obras, también están en proceso la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos ubicada en Yautepec, así como el presunto desvío de 34 millones de pesos pagados a una empresa por la construcción de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos ubicada en Jiutepec y que no funcionó.

Están en la mira

En marzo del 2020, por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción Jaime Álvarez, exsecretario de Turismo de Morelos, debido a que presuntamente aprobó un pago en daño del Gobierno de Morelos por más de 12 millones de pesos para la presentación de los cantantes Emmanuel y Mijares en Arena Teques en mayo de 2014.

Por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público también enfrenta un proceso en su contra la exsecretaria de Cultura de Morelos, Cristina Faesler, y cuatro exfuncionarios más de dicha secretaría debido al pago de 590 mil 199 pesos el 28 de enero de 2016 a Vettoretti Impresores por la producción de un libro y sus ejemplares fuera de los plazos establecidos por Conaculta, institución que debido al cambio de plazos de la publicación incluso solicitó la reintegración del monto a la Secretaría de Cultura de Morelos, al tratarse de fondos federales.

Además, entre los datos de prueba consta un pago por 318 mil pesos a favor de Fabricio Hernández López por 318 mil pesos en seis transferencias como pago por la elaboración de los textos generales del libro. En suma, el daño patrimonial se estima en 908 mil 999 pesos por concepto de los pagos realizados y los cuales no se encuentran justificados.

Este 2022, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda, por los delitos de peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones, ya que presuntamente pagó 21 millones 735 mil pesos, por la compra de papelería a la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., supuestamente sin que existiera un contrato que validara la transacción.

Otro exfuncionario estatal en la mira es Topiltzin Contreras MacBeath, extitular de Desarrollo Sustentable del Gobierno estatal, a él se le investiga por la entrega de una planta de valorización de residuos sólidos en Xochitepec, la cual no funciona. El delito que se le imputa es Ejercicio Indebido del Servicio Público, con un daño al erario por 39 millones 518 mil pesos, cifra invertida en la construcción y equipamiento de dicha planta.

¿ Y los exalcaldes?

Algunos expresidentes municipales que también se han visto envueltos en señalamientos por actos de corrupción son: José Manuel Agüero Tomar, exalcalde de Jiutepec, por presuntamente distraer de las arcas municipales 19 millones de pesos recaudados por el cobro anticipado del impuesto predial del año 2019.

Francisco Salinas Sánchez, exedil de Zacatepec, acusado por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, ya que presuntamente reportó como realizada una obra de drenaje sanitario, por la cual se pagó un millón 306 mil 35 pesos, pero nunca se llevó a cabo.

María de Jesús Vital Díaz fue presidenta de Totolapan y por actos de corrupción incluso fue declarada sustraída de la justicia en 2019 a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. El proceso en contra de la alcaldesa fue derivado de una denuncia iniciada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) por la compra, de un terreno por parte del Ayuntamiento de Totolapan que era propiedad de la exedil en un costo de medio millón de pesos. Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción no ha dado a conocer el estatus del caso.

Jesús Corona Damián (2019-2021) y Raúl Tadeo Nava (2016-2018) fueron presidentes de Cuautla, contra quienes la actual administración municipal ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción denuncias en su contra. En el caso de Corona Damián existen 11 denuncias interpuestas, de las cuales deriva en un daño al erario de aproximadamente un millón 200 mil pesos. Mientras que, sobre Tadeo Nava pesan denuncias por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y lo que resulte. El tema está relacionado con el mal manejo de recursos públicos federales por un monto de 47 millones 91 mil 686.39 pesos.

Urge protección a denunciantes

María Juana Damiana Herrera Mota, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en el estado de Morelos, señaló que si bien la Fiscalía Anticorrupción y los jueces están haciendo su trabajo y han dado resultados en materia de sancionar a quienes cometen actos de corrupción, aún es necesario avanzar en el tema.

Dijo que a nivel nacional se busca impulsar la ley para la protección de denunciantes ya que indicó se tienen algunos avances en determinados estados, pero no se ha logrado “aterrizar”.

“Esta ley será muy importante, porque sabemos que muchos casos de corrupción no se empiezan a perseguir de oficio si no que son como consecuencia de una denuncia ciudadana. Estamos también pidiendo a la Oficina de Naciones Unidas

apoyo para financiamiento, para hacer campaña de difusión para impulsar la cultura de la denuncia, existe miedo aún para denunciar por las represalias que puede haber”.

Agregó que desafortunadamente también es desmotivante para la ciudadanía que se hagan las denuncias y no pase nada.

Damiana Herrera señaló que hay varios factores que perpetuan la corrupción, uno de ellos es el desconocimiento del debido proceso.

“Las contralorías deben tener un área investigadora, un área substanciadora y un área resolutiva, y una no puede hacer la función de la otra, muchos municipios no cumplen con esa estructura y en caso de una responsabilidad grave cuando llega al Tribunal de Justicia Administrativa se cae porque no se hizo el debido proceso”.

En este sentido, informó que están haciendo es realizar una evaluación de la estructura que tienen las contralorías y muy probablemente surgirá una recomendación no vinculante “y acudir al Congreso para que etiqueten los recursos y que no haya justificación para no tener la estructura”.

Puntualizó que aunado a estos procesos lo que mayormente se requiere es crear ciudadanía anticorrupción, que los ciudadanos conozcan las funciones del sistema anticorrupción y se involucren en este tema.

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