/ domingo 11 de octubre de 2020

Cuestión de tiempo, libertad de exrector

Combate la defensa de Alejandro Vera Jiménez procesos en juzgados federales y estatales


El asunto del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, se compone de distintas instancias de carácter legal; una de ellas, la administrativa, en la que, como es del dominio público, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinaron una responsabilidad con una sanción resarcitoria de más de 600 millones de pesos, más los temas de procesos penales locales que, en su mayoría, han quedado resueltos satisfactoriamente para Vera Jiménez, y, en un año o año y medio, podrían quedar resuelto los procesos federales, tiempo en el que podría determinarse si el exrector es obligado a resarcir el monto que presuntamente habría desviado a través de la llamada Estafa Maestra o se determina la no acción penal, aseguró su abogado Cristian René Fragoso Velázquez.

“Todavía falta camino por recorrer, pero en ese sentido son los procesos legales que están abiertos actualmente. Algunos han concluido de manera satisfactoria; todavía ninguno ha quedado firme con relación a su responsabilidad tanto administrativa como penal; algunos (procesos) siguen abiertos, pero consideramos que hay elementos y argumentos suficientes para poder lograr una resolución favorable”, afirmó el litigante.

Fragoso Velázquez refirió que, en el caso de los procesos administrativos, las resoluciones que en las últimas semanas han sido dictadas pueden ser combativas a través de los juicios de amparo directo; “todavía hace falta que los tribunales colegiados se pronuncien en relación a la validez o no de estas resoluciones y en ese caso, si quedara totalmente firme la determinación a la cual pueda llegar el colegiado, si es que se concede el amparo, es un asunto totalmente concluido sin responsabilidad y en el caso contrario tendrían que confirmar; es un tema que está pendiente por resolver incluso de manera excepcional, si es que se llegara a plantear un tema de inconstitucionalidad de alguna norma pudiera llegar el asunto hasta la Corte, entonces, todavía hace falta mucho camino por recorrer en los temas administrativos”.

De acuerdo con información que se tiene, explicó, a la fecha son dos resoluciones que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha emitido para que Vera Jiménez reintegre más de 600 millones de pesos; sin embargo, dijo, aún falta que un tribunal colegiado determine la validez y legalidad de esa resolución.

A la par existen algunos asuntos que se iniciaron en el sexenio pasado de naturaleza penal; entre ellos un tema de fraude en contra del sindicato de los trabajadores, el cual aseguró está totalmente concluido con una resolución positiva; “no hay absolutamente nada que hacer, no hay ninguna responsabilidad penal en ese asunto”.

Asimismo, la denuncia por enriquecimiento ilícito que se inició también en la administración pasada en la que, después de que fue vinculado a proceso, se interpuso un juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, el cual fue concedido “y se determinó que muchas de las pruebas en las cuales estaba sustentada esta formulación de imputación eran pruebas que habían sido obtenidas de manera ilícita, por lo que en cumplimiento a esa resolución se dictó una nueva resolución de no vinculación a proceso, en el sentido positivo de que no había elementos para poderlo procesar”.

Mientras que existe un tercer proceso local en contra de Vera Jiménez por el delito de peculado, explica su abogado, porque a criterio de la Fiscalía Anticorrupción, en temas de recursos que le fueron dados a la UAEM los ocuparon para circunstancias distintas a las que aparentemente estaban en el convenio de transmisión de estos recursos.

Cristian Fragoso destacó que la cuestión a que se refieren sobre este dinero es que no fue a parar a cuentas personales ni nada por el estilo, “sino que fue el tema de que se aumentó la matrícula en distintas áreas de la educación de la UAEM, se construyeron aulas, lo que está perfectamente justificado, pero a criterio de la Fiscalía ese dinero estaba etiquetado para distintos rubros y se utilizó para otros; ¿cuál es la controversia al respecto?; desde la propia Constitución del estado establece que el ejercicio de ingresos del siguiente año se le asignará un presupuesto del 2.5 por ciento de todos los ingresos del estado y ese recursos pertenece precisamente a ese 2.5 por ciento.”

La ley Orgánica de la UAEM establece que hay libertad de autonomía de gestión para el empleo de los recursos en las áreas de mayor sensibilidad y para atender al tema académico; “sin embargo, en la transmisión de este recurso se le ponían etiquetas para que fuera utilizado para rubros muy específicos, sin embargo las necesidades de la UAEM requerían una ampliación de matrícula, construcción de aulas, temas de investigación, compra de materiales para la operación de la propia institución, papelería entre otras cosas, entonces ese es el tema en el cual estamos ahorita nosotros en proceso, es el pendiente solo ese en materia local penal, porque se dictó un auto de vinculación a proceso y estamos nosotros ventilando un juicio de amparo derivado de este auto de vinculación a proceso, porque consideramos que no se vulneró, no se quebrantó ninguna ley, no se cometió ningún delito dado que existe esa autonomía financiera y no habría ninguna responsabilidad”.

El abogado fue claro al señalar que al momento no se ha ejercitado acción penal y enfatizó que no hay ningún tema pendiente con la justicia federal; “y en todo caso, si así lo considerara la Fiscalía General de la República, estaremos atentos de la situación correspondiente para enfrentar el proceso de los cargos que en su caso pudieran considerar que se actualizaron".


3procesos penales locales enfrenta el exrector Alejandro Vera


El asunto del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, se compone de distintas instancias de carácter legal; una de ellas, la administrativa, en la que, como es del dominio público, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinaron una responsabilidad con una sanción resarcitoria de más de 600 millones de pesos, más los temas de procesos penales locales que, en su mayoría, han quedado resueltos satisfactoriamente para Vera Jiménez, y, en un año o año y medio, podrían quedar resuelto los procesos federales, tiempo en el que podría determinarse si el exrector es obligado a resarcir el monto que presuntamente habría desviado a través de la llamada Estafa Maestra o se determina la no acción penal, aseguró su abogado Cristian René Fragoso Velázquez.

“Todavía falta camino por recorrer, pero en ese sentido son los procesos legales que están abiertos actualmente. Algunos han concluido de manera satisfactoria; todavía ninguno ha quedado firme con relación a su responsabilidad tanto administrativa como penal; algunos (procesos) siguen abiertos, pero consideramos que hay elementos y argumentos suficientes para poder lograr una resolución favorable”, afirmó el litigante.

Fragoso Velázquez refirió que, en el caso de los procesos administrativos, las resoluciones que en las últimas semanas han sido dictadas pueden ser combativas a través de los juicios de amparo directo; “todavía hace falta que los tribunales colegiados se pronuncien en relación a la validez o no de estas resoluciones y en ese caso, si quedara totalmente firme la determinación a la cual pueda llegar el colegiado, si es que se concede el amparo, es un asunto totalmente concluido sin responsabilidad y en el caso contrario tendrían que confirmar; es un tema que está pendiente por resolver incluso de manera excepcional, si es que se llegara a plantear un tema de inconstitucionalidad de alguna norma pudiera llegar el asunto hasta la Corte, entonces, todavía hace falta mucho camino por recorrer en los temas administrativos”.

De acuerdo con información que se tiene, explicó, a la fecha son dos resoluciones que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha emitido para que Vera Jiménez reintegre más de 600 millones de pesos; sin embargo, dijo, aún falta que un tribunal colegiado determine la validez y legalidad de esa resolución.

A la par existen algunos asuntos que se iniciaron en el sexenio pasado de naturaleza penal; entre ellos un tema de fraude en contra del sindicato de los trabajadores, el cual aseguró está totalmente concluido con una resolución positiva; “no hay absolutamente nada que hacer, no hay ninguna responsabilidad penal en ese asunto”.

Asimismo, la denuncia por enriquecimiento ilícito que se inició también en la administración pasada en la que, después de que fue vinculado a proceso, se interpuso un juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, el cual fue concedido “y se determinó que muchas de las pruebas en las cuales estaba sustentada esta formulación de imputación eran pruebas que habían sido obtenidas de manera ilícita, por lo que en cumplimiento a esa resolución se dictó una nueva resolución de no vinculación a proceso, en el sentido positivo de que no había elementos para poderlo procesar”.

Mientras que existe un tercer proceso local en contra de Vera Jiménez por el delito de peculado, explica su abogado, porque a criterio de la Fiscalía Anticorrupción, en temas de recursos que le fueron dados a la UAEM los ocuparon para circunstancias distintas a las que aparentemente estaban en el convenio de transmisión de estos recursos.

Cristian Fragoso destacó que la cuestión a que se refieren sobre este dinero es que no fue a parar a cuentas personales ni nada por el estilo, “sino que fue el tema de que se aumentó la matrícula en distintas áreas de la educación de la UAEM, se construyeron aulas, lo que está perfectamente justificado, pero a criterio de la Fiscalía ese dinero estaba etiquetado para distintos rubros y se utilizó para otros; ¿cuál es la controversia al respecto?; desde la propia Constitución del estado establece que el ejercicio de ingresos del siguiente año se le asignará un presupuesto del 2.5 por ciento de todos los ingresos del estado y ese recursos pertenece precisamente a ese 2.5 por ciento.”

La ley Orgánica de la UAEM establece que hay libertad de autonomía de gestión para el empleo de los recursos en las áreas de mayor sensibilidad y para atender al tema académico; “sin embargo, en la transmisión de este recurso se le ponían etiquetas para que fuera utilizado para rubros muy específicos, sin embargo las necesidades de la UAEM requerían una ampliación de matrícula, construcción de aulas, temas de investigación, compra de materiales para la operación de la propia institución, papelería entre otras cosas, entonces ese es el tema en el cual estamos ahorita nosotros en proceso, es el pendiente solo ese en materia local penal, porque se dictó un auto de vinculación a proceso y estamos nosotros ventilando un juicio de amparo derivado de este auto de vinculación a proceso, porque consideramos que no se vulneró, no se quebrantó ninguna ley, no se cometió ningún delito dado que existe esa autonomía financiera y no habría ninguna responsabilidad”.

El abogado fue claro al señalar que al momento no se ha ejercitado acción penal y enfatizó que no hay ningún tema pendiente con la justicia federal; “y en todo caso, si así lo considerara la Fiscalía General de la República, estaremos atentos de la situación correspondiente para enfrentar el proceso de los cargos que en su caso pudieran considerar que se actualizaron".


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