La paraestatal que administra las carreteras de peaje en México, Caminos y Puentes Federales, (Capufe), causó un daño patrimonial por más de mil millones de pesos al Estado, al incumplir con la obligación de depositar los ingresos de peaje y telepeaje de las carreteras al Fondo Nacional de Infraestructura, FONDIN, según resolvió un juez federal que concedió a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), el amparo que le concedió interés legítimo para reclamar el indebido manejo de recursos públicos.
De acuerdo con MCCI, por más de un año la paraestatal incumplió con la obligación con el FONDIN, lo que llevó a la organización no gubernamental a promover desde 2016 un amparo para obligar a Capufe a informar sobre el destino de los recursos y en su caso, reintegrarlos.
La sentencia del 2 de octubre de 2017, reconoce el interés legítimo de Mexicanos contra la Corrupción para reclamar el indebido manejo de los recursos, pero adicionalmente ordenó a Banobras, al comité técnico del FONDIN, y al órgano interno de control de Capufe, inciiar las acciones legales y mecanismos correspondientes por el incumplimiento de Capufe contra los servidores públicos responsables, “que le expliquen a la sociedad las acciones que se tomarán para corregir el manejo irregular de los recursos denunciado”. No obstante, la paraestatal se impugnó la sentencia.
Este miércoles, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México tenía programada la resolución sobre el amparo otorgado a MCCI, sin embargo, la sesión fue aplazada por lo que habrá que aguardar para la confirmación de las órdenes judiciales en contra de BANOBRAS y CAPUFE o, de lo contrario, se desecha el asunto “en perjuicio del combate a la corrupción y la rendición de cuentas”, señala la ONG.
Javier Mijangos y González, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción destacó:
Lo que está en juego en el Tribunal Colegiado es la oportunidad de que el Gobierno Federal aclare qué pasó con estos recursos. Mexicanos Contra la Corrupción busca que se transparente el destino de los dineros públicos y que las autoridades competentes rindan las cuentas correspondientes.
