Los gobiernos municipales salientes del sur del estado de Morelos, no pudieron saldar las deudas que les heredaron, no hubo rescate más que para Puente de Ixtla que se declaró en quiebra el año pasado; y otros, como Zacatepec, simplemente dejaron de trabajar. En el relevo, las actuales autoridades se ven en constante amenaza de inhabilitación por el Tribunal de Justicia Administrativa por laudos a ejecutar.

Puente de Ixtla deja deuda de 310 millones de pesos

La deuda que deja el presidente municipal saliente, Mario Ocampo Ocampo, en Puente de Ixtla, es por más de 310 millones de pesos. De éstos, 128 millones de pesos son de laudos laborales, sin considerar los más de 2.4 millones de pesos que se pagaron con la bolsa del rescate financiero para los municipios en manos del Gobierno del Estado, con el que se cubrieron cinco laudos sobre los que se había amparado contra órdenes de destitución e inhabilitación del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, el mismo exalcalde se jacta de haber reducido la deuda.

Por su parte, la presidenta municipal, Claudia Mazarí Torres, sucesora y extesorera de Puente de Ixtla, tendrá que seguir lidiando con las deudas que se arrastran desde hace cuatro administraciones. Y advierte; “créame, segura estoy que no vamos a arrancar como arrancamos hace tres años en 2019. Estuve al frente por más de dos años en tesorería y me tocó vivir, me tocó trabajar para disminuir esta deuda, vamos a trabajar con austeridad” .

Zacatepec arrastra deudas por 70mdp

En Zacatepec, uno de los municipios geográficamente más pequeños del estado de Morelos, presidido por José Luis Maya Torres, quien reveló que su antecesora Olivia Ramírez Lamadrid, no cumplió con la entrega recepción de nada, estima que se arrastran laudos laborales por 70 millones de pesos, de los cuales, sabe que hay cinco que ponen en riesgo de destitución. Señaló que encuentra un municipio en total abandono ya que con el pretexto de la pandemia dejó de operar debido a que durante más de un año se le obligó a descansar con medio sueldo, y cuando buscó la reelección, perdió ya que no tuvo el respaldo ni de su propio equipo, a los que con saña despidió para dejar otra estela de demandas laborales.

Esta administración enfrentó cinco amparos contra las órdenes de destitución del Tribunal de Justicia Administrativa, por incumplir con el pago de laudos.

Tlaquiltenango enfrenta destituciones del TJA

En Tlaquiltenango, uno de los municipios más grandes geográficamente en Morelos, el alcalde saliente Jorge Maldonado Ortiz reconoce que se arrastra millonaria deuda por laudos laborales de varias administraciones: “algunas que ya no se pueden seguir alargando o posponiendo”; al reconocer que se vieron obligados a pagar y amparados ante órdenes de destitución del Tribunal de Justicia Administrativa, deudas que reconoció, llevará cuatro administraciones saldar y es que en administraciones como la de Enrique Alonso Plascencia, sólo batearon las deudas. En octubre del 2021, se amparó contra el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que ordenó la destitución del cargo y la inhabilitación del Presidente Jorge Maldonado Ortiz por desacato a pago del expediente número TJA/5ªSERA/037/17-JDN. Y a la larga lista de demandas laborales que recibe el actual presidente municipal de Tlaquiltenango Carlos Franco Ruiz, se sumarán por lo menos otras 50 demandas laborales de trabajadores que dejó sin liquidación y sin aguinaldos. Además, este municipio es uno de los más lastimados por el crimen organizado.

Tlaltizapán dejó deudas por más de 20 mdp

El gobierno municipal de Tlaltizapán, que presidió Alfredo Domínguez Mandujano, heredó a su sucesor Gabriel Moreno Bruno una deuda de cerca de 20 millones de pesos, sólo por laudos laborales, entre otras mercantiles, ya que en tres años apenas pudo pagar tres millones de pesos. Tampoco cumplió con la entrega total, y pidió prórroga de una semana para entregar la Tesorería.

Solo cubrió el 50% de pago de aguinaldo a los elementos de seguridad, pero no cumplió con el pago ni liquidaciones a su equipo de trabajadores. Deja también uno de los municipios más asolados por los crímenes de la delincuencia organizada.

Miacatlán hereda 8 mdp de laudos laborales

Del sur poniente del estado de Morelos como botón de muestra ha sido exhibido el gobierno que presidió Abel Espín García, experredista y nuevo militante del PES, quien en entrevista con este medio reconoció que dejará una deuda sólo de laudos laborales de cerca de ocho millones de pesos.

Con una de las nóminas más abultadas de los municipios de la zona sur poniente del estado de Morelos, con más de 700 trabajadores, en los últimos meses de su periodo ya despidió a 450 trabajadores, el resto lo acompañaron hasta el cierre. “Está administración no va a dejar deuda, no tenemos problemas, habrá finanzas sanas”, nos dijo al asegurar que pagó a sus proveedores, y no adquirió deuda con el Gobierno del Estado. Saldó la deuda con la Comisión Federal de Electricidad. Aunque reconoce que se deben lados por demandas laborales de administraciones anteriores por aproximadamente 8 millones de pesos.

Jojutla adeuda alrededor de 40 mdp en laudos

De la deuda heredada de administraciones pasadas de alrededor de 60 millones de pesos, el gobierno municipal que preside el Juan Ángel Flores Bustamante, en tres años bajó a cerca de 40 millones de pesos, pese a la reducción del presupuesto y de haber dejado de recibir por lo menos 36 millones del programa federal del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

El presidente municipal morenista, quien resultó reelecto, reveló que pidió a los integrantes del próximo cabildo que formen la comisión de entrega recepción, con el objeto de que haya mayor transparencia y cualquier anomalía que se detecte se denuncie.

Y aunque esta administración no se ha visto amenazada con embargos o destituciones, reveló el edil que con el pago de laudos por más de 3 millones de pesos al año, que suman ya 10 millones de pesos, aún quedan por liquidar laudos que suman una deuda de 40 millones de pesos que se arrastran desde el 2007.

De ahí que respalda la propuesta del diputado Agustín Alonso, para regular los laudos que tienen que ver con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje porque esos son los que siguen creciendo, los más costosos y que llegan a millones, como son los despidos de policías y que causan mayor deterioro a las arcas municipales.