Este año la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo estima rebasar el tope presupuestal destinado para seguros de vida a familias de trabajadores en activo que fallecen por Covid-19; tan solo en este año ya son 45 los burócratas que han muerto tras haberse infectado del virus, dijo la titular Sandra Anaya Villegas, pues en este 2022 la cifra para las indemnizaciones no tuvo cambios al no haberse aprobado el presupuesto quedando Igual que el año pasado.
“En el año 2021 el tope presupuestal fue de 65 millones de pesos, este año al no haberse aprobado el presupuesto en el Congreso nuestro tope no nos daba para poder contratar el servicio del seguro de vida, que, aproximadamente, en un estudio de mercado nos salía en más de 120 millones de pesos”.
De tal manera que se decidió que sea la Secretaría de Hacienda, y no una empresa aseguradora, la que solvente el recurso a las familias en caso de defunción, lo que ha generado un ahorro de 60 millones de pesos, hasta ahora, pero la funcionaria aceptó que para este año el ejercicio de este concepto rebase los 80 millones de pesos.
“Aproximadamente son 45 trabajadores que han fallecido, nos dimos a la tarea de que los familiares que pasen por esto no tengan que acudir al Tribunal de Justicia Administrativa o por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque tardan esos procedimientos hasta un año para poderles pagar”.
El trámite se hace mediante un documento oficial para que puedan cobrar el seguro de vida. Para la propuesta del presupuesto 2023, la dependencia buscará que el monto se vea incrementado a fin de poder cubrir los hechos fortuitos. El monto otorgado depende de la categoría de cada trabajador especificado en la Ley del Servicio Civil.
Jubilaciones ya se igualaba a personal activo
Anaya Villegas dijo que ya son 5 mil los trabajadores jubilados que reciben un pago mensual, de tal manera que prácticamente se igualan al número de trabajadores en activos que son poco más de 5 mil.
La propuesta para desahogar las pensiones es crear un Instituto de Pensiones y Jubilaciones, y que en un futuro no representen un riesgo de colapso económico.
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