/ jueves 5 de abril de 2018

Demanda UNTA recursos campesinos

“No vamos a permitir los atropellos y que nos quieren condicionar al voto de los candidatos"

Para exigir la entrega de recursos previamente etiquetados de los programas sociales, organizaciones campesinas tomaron las oficinas de las secretarías de Desarrollo Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) porque se negaron sin explicaciones a dar el dinero a las comunidades beneficiadas.

Según Omar Zambrano, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la veda electoral significa no hacer actos públicos para la entrega y no retener estos apoyos y condicionar su entrega en las campañas políticas que están por iniciar.

Desde ayer, integrantes de la UNTA, tras la colocación de lonas y campamentos en las puertas de estas dependencias, demandaron la liberación de más de 11.5 millones de pesos que esperan recibir más de 400 familias, sobre todo solicitaron que a unos días del proceso electoral se evite manipular los programas con tintes electoreros.

Como es su costumbre, la organización campesina y sus agremiados se encontraban postrados en casas de campaña, cartones en el piso y a un lado las banderas de la organización con leyendas con sus demandas, los cuales señalaron que no quieren más burlas por parte de la federación en la entrega de recursos para el sector agrícola.

El representante estatal, Omar Zambrano Hernández, aseguró que esa jornada de lucha nacional se ejerce ante el incumplimiento de liberar los beneficios de los proyectos etiquetados antes de las elecciones. “No vamos a permitir los atropellos y que nos quieren condicionar al voto de los candidatos", comentó.

Además, reiteró que si bien la ley establece que los recursos no pueden ser entregados de manera pública, “no significa que los tengan que guardar o retener; hay un plazo hasta el 30 de abril para quitarles los recursos que hemos logrado en las gestiones federales, que en suma de las tres dependencias son más de 11.5 millones de pesos para más de 400 familias”, expuso.

Zambrano Hernández recalcó que tan solo en Sedesol esperan la liberación de millón y medio de recursos de proyectos productivos y empleo temporal; en Sedatu, 200 cuartos adicionales que equivalen a 6.5 millones de pesos y del Inaes,15 proyectos productivos que equivalen a 3.5 millones de pesos.

Por tal motivo, lamentó la falta de sensibilidad de los delegados, incluso para dialogar y conocer de sus demandas, ante lo cual mencionó que estarán en plantón hasta el día 10 de abril.

Para exigir la entrega de recursos previamente etiquetados de los programas sociales, organizaciones campesinas tomaron las oficinas de las secretarías de Desarrollo Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) porque se negaron sin explicaciones a dar el dinero a las comunidades beneficiadas.

Según Omar Zambrano, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la veda electoral significa no hacer actos públicos para la entrega y no retener estos apoyos y condicionar su entrega en las campañas políticas que están por iniciar.

Desde ayer, integrantes de la UNTA, tras la colocación de lonas y campamentos en las puertas de estas dependencias, demandaron la liberación de más de 11.5 millones de pesos que esperan recibir más de 400 familias, sobre todo solicitaron que a unos días del proceso electoral se evite manipular los programas con tintes electoreros.

Como es su costumbre, la organización campesina y sus agremiados se encontraban postrados en casas de campaña, cartones en el piso y a un lado las banderas de la organización con leyendas con sus demandas, los cuales señalaron que no quieren más burlas por parte de la federación en la entrega de recursos para el sector agrícola.

El representante estatal, Omar Zambrano Hernández, aseguró que esa jornada de lucha nacional se ejerce ante el incumplimiento de liberar los beneficios de los proyectos etiquetados antes de las elecciones. “No vamos a permitir los atropellos y que nos quieren condicionar al voto de los candidatos", comentó.

Además, reiteró que si bien la ley establece que los recursos no pueden ser entregados de manera pública, “no significa que los tengan que guardar o retener; hay un plazo hasta el 30 de abril para quitarles los recursos que hemos logrado en las gestiones federales, que en suma de las tres dependencias son más de 11.5 millones de pesos para más de 400 familias”, expuso.

Zambrano Hernández recalcó que tan solo en Sedesol esperan la liberación de millón y medio de recursos de proyectos productivos y empleo temporal; en Sedatu, 200 cuartos adicionales que equivalen a 6.5 millones de pesos y del Inaes,15 proyectos productivos que equivalen a 3.5 millones de pesos.

Por tal motivo, lamentó la falta de sensibilidad de los delegados, incluso para dialogar y conocer de sus demandas, ante lo cual mencionó que estarán en plantón hasta el día 10 de abril.

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