/ lunes 7 de mayo de 2018

Denuncian actos de corrupción

Involucran a servidores públicos de Servicios de Salud

El coordinador de enlace legislativo y gubernamental del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, Omar Cerezo, denunció actos de extorsión cometidos por servidores públicos de los Servicios de Salud de Morelos.

Indicó que desde julio del 2016 se han presentado estos actos en contra de 18 trabajadores que se encontraban laborando dentro del programa Prospera, el cual pertenecía en aquel tiempo a los Servicios de Salud, a quienes les pedían montos de hasta 200 mil pesos por cada trabajador, cantidad que podría ascender hasta a cuatro millones de pesos desde el año 2016.

Expresó que los coordinadores Julio Olivera y Julio Ernesto Torres León les exigían a los trabajadores el 40 por ciento de sus ingresos, primero para incorporarlos a una Asociación Civil, lo cual no fue cierto y posteriormente aunque les empezaron a retirar beneficios económicos a los trabajadores aún así les seguían cobrando “su derecho de piso” para conservar su empleo.

El coordinador confirmó que actualmente han cesado los actos extorsión pero han tomado represalias en contra del personal.

Ante esto los médicos están buscando integrar el expediente completo para iniciar una demanda judicial en contra de estos dos funcionarios pero también responsabilidad administrativa en contra de la doctora Georgia Rubio, responsable del programa y a quien le han pedido información sobre lo sucedido y no ha querido responderles.

El coordinador de enlace legislativo y gubernamental del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, Omar Cerezo, denunció actos de extorsión cometidos por servidores públicos de los Servicios de Salud de Morelos.

Indicó que desde julio del 2016 se han presentado estos actos en contra de 18 trabajadores que se encontraban laborando dentro del programa Prospera, el cual pertenecía en aquel tiempo a los Servicios de Salud, a quienes les pedían montos de hasta 200 mil pesos por cada trabajador, cantidad que podría ascender hasta a cuatro millones de pesos desde el año 2016.

Expresó que los coordinadores Julio Olivera y Julio Ernesto Torres León les exigían a los trabajadores el 40 por ciento de sus ingresos, primero para incorporarlos a una Asociación Civil, lo cual no fue cierto y posteriormente aunque les empezaron a retirar beneficios económicos a los trabajadores aún así les seguían cobrando “su derecho de piso” para conservar su empleo.

El coordinador confirmó que actualmente han cesado los actos extorsión pero han tomado represalias en contra del personal.

Ante esto los médicos están buscando integrar el expediente completo para iniciar una demanda judicial en contra de estos dos funcionarios pero también responsabilidad administrativa en contra de la doctora Georgia Rubio, responsable del programa y a quien le han pedido información sobre lo sucedido y no ha querido responderles.

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