A solicitud del Partido Social Demócrata (PSD), el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) inició el Procedimiento Ordinario Sancionador IMPEPAC/POS/40/2018, a fin de indagar si la campaña que grupos ciudadanos y de empresarios morelenses iniciaron para denunciar los supuestos abusos de los diputados de la LIII Legislatura del Congreso local, constituye un delito electoral.
La campaña en espectaculares y pegotes en rutas inició hace unas semanas con el título #MORELOSDIPUTADOSDEVERGÜENZA, la cual acusa a los legisladores de la cancelación de fideicomisos de promoción turística y para la productividad, de asignar pensiones vitalicias a los fiscales del estado, y, en términos generales, de atentar contra el desarrollo. Los participantes, grupos de empresarios y ciudadanos, no estamparon sus logotipos en todos los espectaculares ni en los pegotes, pero sí en diversas postales difundidas en redes sociales que incluyen los distintivos de cámaras empresariales como la de la Industria de la Transformación, de la Industria Restaurantera, de Comercio y Servicios Turísticos, de Comercio en Pequeño, de la Industria de la Construcción, entre otras.
El Procedimiento Ordinario Sancionador es una figura prevista en la legislación electoral, que inicia a solicitud de parte o de oficio para identificar y castigar posibles violaciones a las normas electorales y de partidos, y que, en caso de ser admitida, tiene una fase de sustanciación, en la que actualmente se encuentra el procedimiento.
En esta parte, el IMPEPAC solicitó a los dirigentes de organizaciones del transporte colectivo y a los propietarios de anuncios espectaculares información acerca de si los desplegados contra los legisladores son pagados en efectivo o en especie, y, en caso de ser así, quién los ha pagado, de forma que se pueda configurar si se trata de un sujeto a quien se le pueda fincar responsabilidad jurídica. En paralelo, el IMPEPAC deberá decidir en los próximos días si el contenido de la campaña es, por sí mismo, violatorio de la normatividad electoral.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, existen hasta 20 conductas que los ciudadanos pueden cometer que pueden tipificarse como delito, ninguna de ellas relacionada con el financiamiento de campañas de denuncia en períodos no electorales, sin embargo, la autoridad electoral local está obligada a agotar el procedimiento.