El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no ha logrado comprobar, desde 2018, el uso correcto de 6 millones 900 mil pesos, mientras que el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) no ha transparentado el uso de un millón 442 mil pesos desde el año 2019, informó el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, José Blass Cuevas.
Pero no son las únicas dependencias que no han logrado comprobar el manejo de los dineros; el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos no ha transparentado 2 millones 159 mil pesos desde el 2018.
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“Hay expedientes de probable responsabilidad administrativa en diversos montos, como por ejemplo, el caso del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en 2018 se terminó de notificar con un monto de casi 7 millones que no fueron comprobados el uso correcto de los recursos; el DIF, en 2018 también, tiene una cantidad de 2 millones 159 mil pesos; el Colegio de Bachilleres también en 2019 tiene una cantidad de un millón 442 mil pesos”.
Otros de los casos destacados, dijo, es el de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), en la cual ya se han interpuesto tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por presunto mal manejo de los recursos.
Dijo que actualmente están por concluir las auditorías de 2022 en todos los municipios y dependencias de gobierno.
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No se dejará ni una cuenta por observar; se está revisando al 100 por ciento de los municipios y las dependencias de gobierno.
Señaló que en caso de detectar irregularidades se turnará a las instancias correspondientes por parte del área jurídica del organismo.
“Hay observaciones en todos, no nada más en municipios, también en dependencias de gobierno del estado, que algunas ya concluyeron su proceso ordinario de auditoría normal y ya están en un proceso jurídico; el departamento jurídico de la ESAF, con la información que se desprende del proceso, el encargado de encaminar esas probables responsabilidades, ya sea al Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción”.
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