Ante la intención del Congreso de Morelos de consultar la despenalización del aborto en Morelos, abogado y organización feminista coincidieron que el derecho de las mujeres al aborto seguro no es algo que necesite consultarse, al ser un tema de derechos humanos y al establecer ya la Corte que es inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo.
Tras sostener este miércoles un encuentro con el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, el coordinador de la bancada del PAN, Óscar Cano Mondragón, anunció que podrían utilizar desde el Poder Legislativo la figura de consulta popular para decidir si aprueban o no la legalización del aborto, lo cual insistió el día de ayer ante representantes de organizaciones provida en la entidad.
Sin embargo, el licenciado Gabriel González Montes de Oca confirmó que no es viable someter a consulta el tema del aborto, ya que hacerlo constituiría un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos, de manera concreta de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
Las consultas populares son un mecanismo de participación ciudadana que sirven para que las personas puedan ejercer su derecho constitucional a participar en torno a temas de trascendencia nacional o regional, estando en la Constitución Política mexicana desde 2012.
No obstante, establece que lo que no podrá ser objeto de consulta, en base a la norma, es entre otras cosas, la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.
En este sentido, el abogado precisó que se estaría violando el derecho a la autodeterminación por parte de la persona en base al artículo 1 constitucional y el derecho a la salud, los cuales están por encima de cualquier cuestión del tipo general, “el derecho que tienen las mujeres a la autodeterminación de lo que quieren hacer con el producto desde su concepción es tema de ellas en forma personal, y eso ya lo definió la Corte”.
De acuerdo al estudio “Ni un paso atrás, la garantía del acceso al aborto legal en México y las consultas populares”, elaborado por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), refiere que si bien se debe continuar el debate público sobre la despenalización del aborto, someter a consulta popular o ciudadana lo ya reconocido en nuestro ordenamiento jurídico sería un retroceso injustificado en materia de derechos reproductivos.
“No puede haber ni un paso atrás. Las opiniones expresadas por la ciudadanía no pueden legitimar, ni siquiera por unanimidad, ya sea en consultas populares o ciudadanas, el desconocimiento de los derechos humanos que ya están reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México”.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recordó el litigante, ha definido que diversos artículos de algunos Códigos Penales de la República son inconstitucionales, por lo tanto aunque siga prevaleciendo el delito en estos Códigos, mientras no se reforme el Código Penal en general, cualquier juicio en contra de una mujer por ese tipo de delito no tendría razón de ser, puesto que evidentemente de llegar al juez no podría aplicarle el delito al ser inconstitucional.
Además, subrayó que, por lo menos a nivel nacional, al haber sido un tema de análisis por el Pleno de la SCJN no se puede sujetar a una consulta popular porque quien debe avalar la pregunta sería la misma Corte y en cuanto se le presente alguna pregunta relacionada a si es legal o no la despenalización del aborto en automático no aceptaría, al ser un tema ya juzgado por el máximo tribunal del país, que no admite algún otro tipo de recurso adicional, incluido la consulta popular.
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