En su visita a Morelos, Jan Jarab, el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezó junto con Javier Sicilia el foro denominado: "Ley de Seguridad Interior y Democracia", donde insistió en su rechazo a esta ley, al advertir que la misma atenta contra los derechos de los ciudadanos, además lamentó que las autoridades federales no quieran debatir sobre el tema porque hacerlo significaría admitir el incremento de la violencia en México.
En la Biblioteca Central de la UAEM, Jan Jarab se refirió a la Ley de Seguridad Interior, precisó que ésta forma parte de la continuidad de una política de violencia, control social y violatoria de los derechos civiles, por lo que es necesario echarla abajo.
Esta ley, expuso, da continuidad para que se legalice la militarización, representa un riesgo de terminar con la inseguridad y una suma de obstáculos de los que se debe hablar en un debate.
Sin embargo, mencionó que hasta este momento, las autoridades federales no han querido debatir sobre la ley, porque hacerlo significaría reconocer el por qué a 10 años no funcionó la guerra contra el narcotráfico.
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado y defensor de derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Guerrero, explicó los efectos de la militarización para revertir la guerrilla y movimientos sociales en los 60 del siglo pasado, así como una falta de controles civiles y entes imparciales para investigar los crímenes cometidos por el Ejército mexicano sin fuero militar.
Por ello llamó a promover un movimiento ciudadano a la política de la guerra y promover las paz por encima de la seguridad nacional, pues destacó que si las víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos se unieran podrían subvertir la cultura del control y securitarismo que traerá Ley de Seguridad Interior.
Finalmente, Javier Sicilia Zardaín, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aseguró que la Ley de Seguridad Nacional quiere dar legalidad al estado de excepción, por lo que señaló que no puede haber un "proceso democrático", sin encontrar la paz, la justicia y la reconciliación social.